El territorio se defiende: Pueblos indígenas de Loreto lucharán por sus derechos en juicio emblemático

Este martes 21 de marzo será una fecha crucial para las comunidades indígenas de la plataforma Cuatro Cuencas. La audiencia en segunda instancia del proceso constitucional que falló a favor de los pueblos indígenas se llevará a cabo con el apoyo de más de 60 comunidades nativas, afectadas por más de 50 años de extracción petrolera.

Foto: PUINAMUDT

19:30 | 20 de marzo de 2023. El martes 21 de marzo será un día histórico para los pueblos Quechua, Achuar, Kichwa y Kukama de la Amazonía peruana. En una audiencia en segunda instancia, la Corte Superior de Justicia de Loreto podría confirmar la sentencia que reconoce los derechos territoriales de las comunidades indígenas de la plataforma Cuatro Cuencas, y que ordena compensarlas por el uso de sus tierras en el contexto petrolero.

En 2015, la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (FECONACOR), y la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) demandaron al Estado peruano y a la empresa Pluspetrol por la omisión de titulación de territorios comunales y ancestrales, la imposición de servidumbres sin consulta previa y la falta de reparaciones económicas por el uso de sus tierras.

Seis años después, en septiembre de 2021, el Juzgado Mixto de Nauta declaró parcialmente fundada esta demanda y ordenó al Estado, en primera instancia, que proporcionara a las comunidades títulos formales de propiedad. El ente judicial también condenó a que, tanto Pluspetrol como el Estado, paguen indemnizaciones por el uso de las tierras y por la violación del consentimiento libre, previo e informado. Un hito histórico en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Sentencia histórica

La empresa Pluspetrol comenzó a operar en Loreto en el año 2000, sin consultar a las comunidades amazónicas y sin compensarlas por el uso de sus tierras. Durante más de 15 años, las operaciones de extracción de petróleo devastaron los ecosistemas y la salud de los pueblos indígenas del ámbito de influencia del Lote 192 y 8, causando cánceres, enfermedades congénitas, trastornos cognitivos y altas tasas de mortalidad.

Esta sentencia en primera instancia significó un hecho histórico por la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y un logro importante de las federaciones indígenas con sus comunidades, que se extiende como precedente para casos similares en el país. La importancia del proceso también se encuentra en un escenario donde el actual gobierno ha decidido volver a la explotación del Lote 192 por 30 años más y planea lo mismo respecto al Lote 8.

Y es que la sentencia apunta también que las servidumbres impuestas a favor de Pluspetrol en estos lotes petroleros son inválidas y deben anularse, permitiendo que se establezcan con el consentimiento libre e informado de la población afectada. Además, implica que el Ministerio Público no puede criminalizar la titulación de los territorios indígenas y procesar a los funcionarios de Loreto que otorguen títulos legítimos.

No obstante, el Ministerio de Energía y Minas y Pluspetrol decidieron apelar esta decisión judicial, por lo que se programó una audiencia en segunda instancia en la Corte Superior de Justicia de Loreto. Allí se definirá el futuro de las más de 60 comunidades nativas implicadas en este proceso judicial. Si no ganan, no recibirán reparaciones económicas ni indemnizaciones. Asimismo, la sentencia final sentará un importante precedente social y jurídico para todas los pueblos indígenas del Perú.

Convocan conferencia

Para el jueves 23 de marzo, la plataforma Cuatro Cuencas anunció que se realizará una conferencia de prensa en el local de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), en Lima, desde las 11 de la mañana, donde se presentará el informe «La titulación de territorios indígenas y la compensación por servidumbres petroleras en Loreto», elaborado por el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS).

 

 

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