Salomón Awananch: “Nuestra propuesta responde a los procesos de autonomía y personalidad jurídica que los pueblos amazónicos trabajan desde 1995”

El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL) y la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P) han presentado una propuesta de proyecto de ley a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) para el “Reconocimiento del derecho intrínseco a la Personalidad Jurídica de los pueblos indígenas y afrodescencientes”.

Salomón Awananch, presidente de ORPIAN-P. Foto: CAAAP

Salomón Awananch, presidente de ORPIAN-P. Foto: CAAAP

Por: CAAAP

19:00|10 de junio de 2020.- Mediante comunicación escrita, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL) y la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P) presentaron a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República del Perú una propuesta de proyecto de ley para el “Reconocimiento del derecho intrínseco a la Personalidad Jurídica de los pueblos indígenas y afrodescencientes”.

Dicha propuesta responde a los procesos de autonomía y personalidad jurídica que los pueblos Awajun, Wampis, Chapra, Kandozi, Shawi, Shiwilu, Quechua o Inka del Pastaza y Kukama – Kukamiria vienen trabajando en la Amazonía, y tiene como objetivo implementar un mejor sistema representativo de las diferentes realidades culturales y territoriales a lo largo del país. “A las puertas de inaugurar el bicentenario de la república, consideramos por causa justa que el Estado tiene el deber de reconocer la existencia legal y personalidad jurídica de los pueblos indígenas para hacer del Perú, un país democrático con verdadero espíritu descentralizador que incluya a los pueblos autóctonos con capacidades jurídicas para interactuar en el desarrollo nacional de acuerdo a la realidad culturalmente diversa del país”, se indica en el documento remitido al congresista Lenin Bazán, presidente de la CPAAAAE.

Sobre la importancia de que esta propuesta salga adelante y logre convertirse finalmente en ley, el presidente de ORPIAN-P, Salomón Awananch, recordó el reconocimiento de la personalidad jurídica está respaldado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde donde se exige que los Estados impulsen estos reconocimientos que, en la práctica, fortalecería el derecho a la libre determinación, permitiría la justicia indígena con su respectivo código propio y crearía mejores mecanismos de gobernanza de los pueblos. Es decir, permitiría un mayor y mejor control de los pueblos indígenas sobre sus propios territorios en el camino de un desarrollo integral cuyos protagonistas sean los pueblos mismos. Además, aseguró que la propuesta responde a los procesos de autonomía y personalidad jurídica que los pueblos indígenas vienen trabajando en la Amazonía desde el año 1995.

“Nos serviría para una libre determinación de nuestro territorio y nos facilita para administrar nuestra justicia indígena awajún como un código propio de justicia, y además crea la gobernanza sobre nuestros territorios. Vemos que muchas veces sobre nuestros territorios gobiernan otras personas y se crea mucha corrupción”, comentó Awananch, “dentro de nuestras propuestas está crear una escuela de líderes con una hoja de ruta para cumplir y, así, llegar a tener una justicia como pueblo, llamado código de justicia. Dentro de eso estaríamos cumpliendo un rol importante del Buen Vivir, así como el trabajo que se viene haciendo desde nuestra cosmovisión. Antes nuestros padres controlaban la deforestación y medioambiente. Esto nos daría mayor control sobre nuestros territorios”.

Rechazo a la propuesta presentada por IIDS

En el despacho del congresista Bazán también hay otra propuesta en la línea de la autoidentificación y el reconocimiento de la personalidad jurídica. Es la presentada desde el Instituto Internacional de Defensa y Sociedad (IIDS) y que no recibe la aprobación de las organizaciones indígenas antes mencionadas. El motivo principal del rechazo es la inclusión de las rondas campesinas como parte de los grupos a los que se les estaría reconociendo el derecho de personalidad jurídica. Consideran que, a la larga, se generaría divisionismo y se debilitarían derechos claves como el de libre determinación.  “Esta propuesta de este grupo de profesionales nos sorprende porque incluye a las rondas campesinas. Hemos analizado y hemos visto en el Artículo 12, numeral 2 y 4,donde se está hablando sobre los registros, ahí se incluye a las rondas campesinas de todo nivel de organización”, explicó el presidente de ORPIAN-P, “dentro de esa evaluación, analizándolo con el equipo técnico, hemos discrepado de esa propuesta porque deja abierta otras muchas posibilidades, se estaría creando un divisionismo en las comunidades porque da pie a que muchos grupos puedan constituirse como personas jurídicas”.

Indican desde ORPIAN-P que el divisionismo siempre será un riesgo grande para los pueblos indígenas, sobre cuyos territorios hay tantos intereses de empresas petroleras y mineras.  “Debilitan el ejercicio de derecho a la libre determinación. Nosotros presentamos una propuesta de reconocimiento de la personalidad jurídica. Entonces, ¿qué categoría le pongo a las rondas campesinas? ¿Cómo qué pueblo lo identifico? Las rondas campesinas se han creado por la seguridad de toda la población, garantizar el derecho de todos los ciudadanos para la justicia. Por eso no pueden estar inscritos como pueblos amazónicos. Por eso nosotros hemos dicho que esas rondas campesinas se crean en las comunidades sin tomar en cuenta en sus funciones usurpan la función de los apus de las comunidades, que toman decisión y administran la justicia. Esta ley de propuesta que hacen no es vinculante para lo que nosotros estamos trabajando como pueblos originarios”, expone el presidente de ORPIAN-P. De ahora en adelante, comentan, lo que piden es que se deje sin efecto la propuesta presentada por el IIDS “porque además no es una propuesta de los pueblos indígenas y no es válido para nosotros”.

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