Conservación sin derechos indígenas: las trabas del ACR Cordillera Escalera a la titulación comunal

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Por Anahí Chaparro – CAAAP San Martín

01:05|18 de octubre de 2019.- Durante estos días, en Lima, se está desarrollando el III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y El Caribe, donde se ha instalado una Maloca Indígena para discutir propuestas como la de los Territorios de Vida (TICCA), que buscan articular la conservación con los derechos de los pueblos indígenas (ver las declaraciones de la Red TICCA Latinoamericana y de los Pueblos Indígenas del Abya Yala). Sin embargo, al mismo tiempo, en San Martín, la Jefatura del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE) ha querido dar un paso atrás en estos temas al negarse a otorgar los títulos habilitantes que les corresponden a las comunidades nativas Kichwa y Kampu Piyapi sobre las que se creó esta área.

En la Mesa Técnica en la que se reunieron, el 15 de octubre, los representantes y técnicos de las organizaciones indígenas agrupadas en la CODEPISAM y de las distintas entidades del Gobierno Regional, la Jefatura del ACR-CE (el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo – PEHCBM) afirmó que, de aquí en adelante, solo firmaría con las comunidades convenios de conservación. Como explica el pronunciamiento de la Coordinadora de Desarrollo de Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM), esto desconoce la normativa nacional sobre la titulación de comunidades nativas, así como los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es de obligatorio cumplimiento en el Perú. Además, esta posición contradice los acuerdos ya firmados entre las partes involucradas en el 2016, cuando el PEHCBM se comprometió a apoyar los procesos de demarcación y titulación de las comunidades cuyos asentamientos poblacionales se encuentran adyacentes al ACR-CE mediante el otorgamiento de contratos de cesión en uso, según lo que dicta la Ley N° 22175 y como ya se ha hecho en el caso de la comunidad nativa Nuevo Lamas de Shapaja.IMG-20191015-WA0026

Esta actitud representa una de las diversas trabas que ha puesto la Jefatura del ACR-CE a la titulación de comunidades nativas. Poco tiempo antes también había dificultado el proceso pidiendo requerimientos que no están establecidos en la ley. Ha esperado que las comunidades de Shapajilla, El Piñal y Nuevo San Martín se encuentren en la etapa de publicidad, al final del proceso de titulación, que la misma Jefatura acompañó desde un inicio, para pedir un estudio técnico socioeconómico y antropológico para sustentar la demarcación de estas comunidades. Este no es un requisito del procedimiento normado en tanto las comunidades ya han sido reconocidas por el Gobierno Regional. Asimismo, el informe de la Jefatura del ACR-CE que sustenta este pedi
do desconoce en repetidas oportunidades que el hábitat de los pueblos indígenas no se restringe a sus viviendas y áreas agrícolas circundantes, sino que abarca todas sus zonas de uso, incluidas las de caza y recolección, así como los lugares de importancia espiritual.

A esto se suma el sistemático incumplimiento del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, tanto al momento de la creación del área, como al aprobar las distintas versiones del Plan Maestro. Peor aún, la instauración de esta área ha conllevado a la criminalización de las prácticas de las comunidades y al desplazamiento de población indígena sin su consentimiento, como en el caso de las familias de la C.N. Alto Pucalpillo. En el 2018, a pesar de ya haber un compromiso previo para la realización de la consulta (por lo que se habían iniciado anteriormente las dos primeras etapas), la Jefatura del ACR-CE aprovechó un cambio normativo para aprobar la última versión del plan (2018-2023) sin completar la misma.

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El proceso se había paralizado en el 2014 debido a la opinión del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que pedía que antes se solicite el consentimiento de la empresa petrolera que opera el Lote 103. Al ser promulgado el Decreto Supremo N° 004-2018-MINAM, que da independencia a la Jefatura del ACR-CE para aprobar su plan maestro, esta decidió emitir la Ordenanza Regional N°10-2018-GRSM/CR en lugar de retomar el proceso de consulta. La C.N. Nuevo Lamas de Shapaja y el Consejo Étnico de Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA)[1] están exigiendo la consulta de la creación del ACR-CE mediante una acción de amparo. Asimismo, la CODEPISAM y sus organizaciones afiliadas solicitaron la consulta de la última versión del Plan Maestro por el trámite administrativo correspondiente. Sin embargo, hasta el momento esta no se realiza.

Cabe señalar que, en San Martín, entre el 2001 y el 2015 no se tituló ninguna comunidad nativa. En los últimos años, en el marco de la Conferencias de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, las organizaciones indígenas han logrado apalancar presupuesto para la titulación comunal del Gobierno Nacional, la cooperación internacional y la banca multilateral ya que se reconoce que esta es una forma efectiva de conservar los bosques, como muestran varios estudios (ver por ejemplo los artículos en Scientific Reports y en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos). Así, en la región, se han empezado a implementar proyectos como el que se está desarrollando en marco de la Declaración Conjunta de Intención (PNUD-DCI), el Mecanismo Dedicado Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE SAWETO) y el Proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa (PTRT3). Sin embargo, con el primero, solo se han logrado titular cuatro comunidades nativas (a lo que se añade una con presupuesto del Gobierno Regional), a pesar de que su meta era llegar a 18. Del resto, todavía no se ven los resultados.

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Existen por lo menos 92 comunidades nativas pendientes de titulación en San Martín. A esto se suma que el reconocimiento de nuevas comunidades también se encuentra paralizado debido a que la Dirección de Titulación, Reversión de Tierras y Catastro Rural del Gobierno Regional no cuenta con los especialistas necesarios para cumplir con las competencias que le han sido asignadas.

Este escenario deja varios cuestionamientos sobre cómo se está pensando la conservación en San Martín. Existiendo tantos argumentos que respaldan que la seguridad territorial de los pueblos indígenas contribuye a disminuir la deforestación, así como propuestas de mecanismos consensuados para la gestión compartida de áreas naturales protegidas, no podemos dejar de preguntarnos de dónde viene la resistencia que se encuentra en la región a respetar sus derechos colectivos.

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en la Mesa Técnica con la Jefatura del ACR-CE, la CODEPISAM coordinó una reunión con el Gobernador Regional para el día de hoy en la mañana. Este ha manifestado su voluntad para proceder con la titulación de las comunidades nativas según lo que establece la normativa nacional. En las próximas semanas se espera que se den los siguientes pasos para superar las trabas que se habían presentado.

A continuación, algunas imágenes de la marcha realizada en paralelo a la Mesa Técnica del 15 de octubre del 2019, en la que participaron comunidades directamente afectadas afiliadas al CEPKA.

 

[1] Quienes también han pedido por esta vía la nulidad del Lote 103.

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