Estado no cumple medidas cautelares otorgadas por la CIDH en 2017 para preservar derecho al agua, salud y alimentación de las comunidades de San Pedro y Cuninico (Loreto)

Las poblaciones, ubicadas en el río Marañón, resultaron afectadas por un derrame en noviembre de 2014 y, ante la pasividad de PetroPerú y el Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que los moradores debían ser atendidos ante un asunto que definió de suma “gravedad, urgencia e irreparabilidad”. En estos días, una comitiva ingresó a la zona para participar en asambleas comunales y constatar los escasos avances

Las comunidades de San Pedro y Cuninico realizaron asambleas comunales para valorar estado de las medidas cautelares. Foto: CAAAP

Las comunidades de San Pedro y Cuninico realizaron asambleas comunales para valorar estado de las medidas cautelares. Foto: CAAAP

09:54|30 de enero de 2019.-En el marco de los actos preparativos para la reunión de trabajo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se realizará en Sucre (Bolivia) el próximo 12 de febrero, una comitiva conformada por las abogadas Ana María Vidal y Giovana Asurza de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Katherine Quispe de Earthrights International – ERI, Rita Ruck Riera del Vicariato Apostólico de Iquitos, el comunicador y asesor de Puinamudt, Renato Pita Zilbert, y  la también abogada Verónica Shibuya Briones del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP, visitó las Comunidades Nativas de San Pedro y Cuninico del río Marañón, en el distrito de Urarinas, provincia de Maynas (Loreto), con el objetivo de realizar las asambleas comunales para socializar y aprobar los indicadores a cumplir por el Estado como parte de las medidas cautelares otorgadas por el organismo internacional antes mencionado.

Cabe recordar que el pasado octubre se realizó la primera reunión en la localidad de Denver – Boulder, de Colorado (EEUU). En ella participaron los Apus de las comunidades y representantes del Gobierno Peruano y se visibilizó que los avances de Perú por cumplir con el mandato de las medidas cautelares que velan por el derecho de salud, alimentación y agua son escasos. Es en base a esta deficiencia que se precisa que el Estado ejecute las acciones presentes en los indicadores aprobados en las asambleas comunales de estos últimos días. Además, los pobladores aseguran que continuarán insistiendo para que se cumplan y sean resarcidos de los daños ocurridos en los derrames de 2014.

“A pesar de que en 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó las medidas cautelares para  Cuninico y San Pedro, en el diálogo con los comuneros se advierte claramente que el Estado no ha cumplido en casi ningún punto y es por ello que las poblaciones exigen que las medidas se materialicen en apoyos reales a la mayor brevedad”, comentó Verónica Shibuya luego de las visitas.

La comitiva estuvo representada por integrantes de varias organizaciones. Foto: CAAAP

La comitiva estuvo representada por integrantes de varias organizaciones. Foto: CAAAP

Las medidas, otorgadas por la CIDH el 2 de diciembre de 2017, se centran en tres aspectos claves:En relación al agua, tras el derrame PetroPerú nunca proporcionó agua segura a los moradores cuya única fuente de agua es el río que había resultado contaminado por el derrame. Además, tampoco se alcanzó a las familias alimentos seguros de primera necesidad agravada por el hecho de que los peces también habían sido afectados y ya no eran aptos para el consumo. Y finalmente, a pesar de que se hicieron exámenes toxicológicos para detectar la afectación humana del derrame, no se iniciaron posteriormente tratamientos especializados como correspondería.

En detalle, tal y como quedó plasmado en las respectivas actas de reunión,  las peticiones urgentes al Estado se centran en acciones concretas como “asegurar el funcionamiento de la planta de agua provisional para la eliminación de los metales pesados hasta que se implemente el sistema permanente de agua potable en un plazo máximo de 30 días”; consulta, diseño e implementación de un Estudio de Impacto Ambiental pertinente para todo el Oleoducto Norperuano y el Ramal Norte; remediación ambiental total a partir del Fondo de Remediación Ambiental provisto en la Ley Nº30321 para tener acceso alimentario (peces); ejecución de “proyectos productivos con enfoque intercultural de género” e “identificación de alimentos demandados por las mujeres de acuerdos a sus saberes y cultura”; en el ámbito de la salud necesidades como atención especializada por contaminación de metales pesados y con enfoque intercultural, implementación de postas con insumos médicos correspondientes, contratación de personal indígena, reuniones informativas sobre estado de nivel de contaminación… entre otras.

“Hemos advertido que el Estado, al momento de justificar su atención en San Pedro y Cuninico, alude a acciones que sí se han llevado a cabo, pero ha sido a través de la Plataforma de las Cuatro Cuencas. Sin embargo, tal y como se les indicó desde la Corte Interamericana, se trata de ámbitos diferentes, pues la problemática de estas dos comunidades es específica y requiere de atenciones y acciones también concretas, porque ellos han sido afectados directos en 2014”, explicó la abogada Verónica Shibuya, coordinadora del CAAAP en Iquitos.

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