Tala ilegal: Policía Nacional captura a miembros de organización criminal

Megaoperativo se ejecutó en Junín, Ucayali y Lima

Foto: ANDINA.

Foto: ANDINA.

 13:50|12 de julio de 2017.-En total 17 presuntos miembros de la organización criminal los Castores de la Selva Central fueron capturados esta madrugada por agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, durante un megaoperativo que se ejecutó en las regiones de Junín, Ucayali y Lima.

 Así lo informó hoy el Ministerio del Interior, que precisó que la organización criminal los Castores de la Selva Central se dedicaba desde el 2014 a la tala ilegal de árboles en zonas y reservas naturales protegidas, así como del transporte y comercialización de productos maderables.

Agregó que el megaoperativo se desarrolló de manera simultánea en las localidades de Satipo, San Martín de Pangoa, Pichanaki y San Ramón, región Junín; Coronel Portillo, Atalaya y Unión Junín, región Ucayali, y en la ciudad de Lima.

Entre los capturados aparecen altos funcionarios del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).
El Ministerio del Interior resaltó que detrás de los Castores de la Selva Central se encuentra un clan familiar arraigado en la ciudad de Satipo, provincia del mismo nombre, bajo la fachada de una empresa tipo aserradero llamada Negocios y Maderas Bottpor.
La organización criminal estaba dirigida por Dorti Nélida Porras Anchiraico de Bottger, también conocida como Doncella. Para depredar los bosques se valía de documentación falsa, que conseguía a través de cómplices en el Serfor.
El Ministerio del Interior indica que en Satipo la citada organización criminal poseía un campamento en un punto denominado Quirishari (Ucayali) para la extracción ilegal de madera. Para ello había contratado a 15 operarios y adquirido diversas maquinarias. Ese lugar era la principal fuente de sus cuantiosas ganancias, hasta que fue allanado hoy por las fuerzas del orden.
Al frente de la denominada Megaoperación Granizada 2017 estuvieron la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) y la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin). De la acción participaron un total de 240 policías y 25 fiscales especializados en crimen organizado. La meticulosa incursión policial en los distintos puntos hizo posible el allanamiento de 21 inmuebles y la incautación de nueve vehículos.
Depredación indiscriminada
Además de la cabecilla, los integrantes de los Castores de la Selva Central se repartían funciones para cubrir toda la cadena de su ilícito negocio. De esa forma tenían un coordinador del transporte, un supervisor del mantenimiento de los vehículos, un administrador del aserradero, un maderero, un contador, un tramitador, choferes y un encargado de efectuar los pagos a las autoridades públicas.
Entre sus filas figuran, además, tres empleados del Serfor, quienes fueron detenidos. Ellos han sido identificados como: José Luis Crispín Llanco, el Saltón, administrador general de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Selva Central del Serfor; junto con los consultores Jim Rodríguez Franchini, alias Trucha, y José Antonio Quisocala Canchaya, alias Bocón.
Según las investigaciones policiales, Doncella había establecido vínculos con los trabajadores del Serfor y de la autoridad regional ambiental del gobierno regional de Ucayali, quienes se encargaban de otorgarle los permisos de extracción forestal, burlándose de las leyes en materia de protección ambiental.
El proceso consistía en darle legalidad a la información contemplada en los planes operativos anuales para la concesión de permisos de extracción, a sabiendas de que la referida documentación era irregular y carente de veracidad, lo que era pasado por alto durante las inspecciones de control.
Para blanquear la madera de procedencia ilícita engañaba a los verdaderos propietarios de las áreas de extracción. Primero eran inducidos al error, prometiéndoles supuestas compras de productos maderables que existían en sus terrenos. Luego suscribían supuestas cartas poder para que a su nombre los integrantes del clan familiar realizaran trámites administrativos ante las autoridades forestales responsables de emitir las autorizaciones.
Una vez que obtenían los referidos permisos, la organización criminal procedía a extraer y trasladar productos maderables hasta el aserradero, evitándose las fiscalizaciones y controles respectivos.

 

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