Indiferencia, atropello y contrasentido con afectados de la minería de Cerro de Pasco

Exteriores del Minsa en Lima. Foto: Jorge Cerdán

Exteriores del Minsa en Lima. Foto: Jorge Cerdán

16:40|22 de junio de 2017.- Llevan más de una semana en Lima, apostados en el frontis del Ministerio de Salud (Minsa) y vigilados día y noche por un contingente policial. Así la pasan decenas de familias, incluidos varios/as menores de edad, que denuncian tener metales pesados en la sangre producto de la actividad minera que se realiza en su distrito, Simón Bolívar en la región altoandina de Cerro de Pasco.

Llegaron con el propósito de exponer su caso ante la ministra de la citada cartera, Patricia García. No obstante, pese al tiempo transcurrido dicha reunión no se ha concretado. En cambio sí estaría prosperando una denuncia judicial en contra de los padres y madres de familia «por violencia familiar», según advierte en un comunicado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

La misma denuncia habría sido presentada ante la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, «lo cual agrava la situación de afectación de las niñas y niños pudiendo incluso separarlas y separarlos de sus padres y generar un contexto de violencia social, con lo cual se afectará aún más su salud física y emocional», señala la organización de derechos humanos.

Según informó la Defensoría del Pueblo en su momento, la contaminación en Simón Bolívar “está directamente relacionada” a la actividad minera, “así como a la existencia de 25 pasivos ambientales mineros pendientes de ser remediados.”


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Actualmente en el frontis del Minsa se encuentran un total de 26 niños y 85 padres de familia del distrito, según información del diario La República. Ellos denuncian que producto de la actividad minera hoy se presentan cuadros de leucemia y cáncer de estómago.

En ese sentido reclaman que el Estado cumpla los acuerdos establecidos en una resolución del Ministerio del Ambiente, de mayo del 2012, que declaró por 90 días el estado de emergencia ambiental en las localidades de Champamarca, Quiulacocha, Paragsha y el asentamiento humano José Carlos Mariátegui.

En dicha declaración el Estado se comprometió, entre otras medidas, a remediar los sitios contaminados, atender la salud de niños y niñas afectados −más de dos mil, según señala la población− y construir un establecimiento de salud que brinde atención especializada.

Aunque su caso viene encontrando relativo eco en las redes sociales, aún son pocos los medios de comunicación de señal abierta que le han dado cobertura a sus pedidos y denuncias.

La mañana del miércoles 21 de junio, en una conferencia de prensa convocada por la congresista María Elena Foronda, el regidor de la Municipalidad de Simón Bolívar, Jaime Silva Ponce, pidió que se declaré la «emergencia ambiental y sanitaria en su distrito» y se dé una fecha y se asigne un presupuesto para la construcción de una «clínica especializada para niños contaminados por metales pesados».

Asimismo, pidió «el cierre de los pasivos mineros, la instalación de agua potable y pistas que eviten la propagación del polvo contaminante”.

Foto: Jorge Cerdán

Foto: Jorge Cerdán

La CNDDHH viene llamando la atención de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Minsa, el Ministerio del Ambiente (Minam), el Ministerio de Justicia (Minjus) y del de Vivienda, para que atiendan la situación de los padres y madres de familia y los y las menores.

Alerta así que «a la fecha el Ministerio de Salud no cuenta con un protocolo ni programa de atención apropiados para enfrentar esta emergencia», la cual «debe ser liderada y asumida desde la Presidencia del Consejo de Ministros de manera efectiva». Agrega que «no se puede seguir poniendo trabas a las justas demandas de la ciudadanía de Cerro de Pasco.»

En la actualidad, las familias y los menores vienen recibiendo el apoyo solidario de numerosas personas que los visitan, difunden el caso e invitan a que más personas les apoyen. De otro lado, se ha denunciado abuso policial contra algunas mujeres y se teme que en cualquier momento los efectivos en el lugar emprendan acciones a fin de desalojarlos.

 

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