SPH: Fallo judicial que anula contrato del Lote 116 crea un grave precedente para la seguridad jurídica

“El mensaje que se envía es que los contratos firmados con el Estado peruano tienen una fragilidad peligrosa”, dijo el presidente de la SPH, Felipe Cantuarias.

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16:27|3 de abril de 2017.- La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) considera un “grave precedente” la decisión adoptada, en primera instancia, por el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, que ordena la nulidad del contrato de exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 116 ubicado en el Cenepa, en la región Amazonas.

El presidente de la SPH, Felipe Cantuarias, dijo que esta sentencia atenta seriamente contra la seguridad jurídica en el Perú y es una pésima señal, no sólo para el sector de hidrocarburos, sino también para el minero y para cualquier otra industria.

“El mensaje que se envía es que los contratos firmados con el Estado peruano tienen una fragilidad peligrosa, que representa un riesgo para cualquier inversión, es casi una advertencia de que nuestro país no es un buen destino para invertir”, sostuvo.

Dijo esperar que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y Perupetro apelen el fallo y logren en una segunda instancia una decisión beneficiosa para el país, en un momento en el que se necesita más inversión.

“Resulta paradójico, pero este fallo no sólo afecta a las empresas, sino que es muy injusto para las propias comunidades del Cenepa, donde la incidencia de pobreza es del 84% y la desnutrición infantil llega al 47%. La industria de hidrocarburos debería ser uno de los impulsores para su desarrollo, pero ahora esa posibilidad parece diluirse”, añadió.

El fallo judicial se basa en que el MEM y Perupetro no habrían cumplido con realizar la consulta previa y conseguir el consentimiento de las comunidades nativas, por lo que declara la nulidad del contrato que se firmó en el 2016 y ordena el retiro de las empresas operadoras que trabajaban en la etapa de exploración.

La demanda fue impulsada por las organizaciones no gubernamentales Cooperacción, CAAAP, SAIPE y el Instituto de Defensa Legal, quienes afirman actuaron a favor de las comunidades.

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Fuente: Gestión

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