Reglamentan el uso de fondo de remediación para la selva

Nueve entidades administrarán S/50 millones para aliviar derrames de crudo

Según Petro-Perú, al menos 10 de los 13 derrames ocurridos en el Oleoducto Norperuano este año fueron provocados por terceros. (Foto: Archivo)

Según Petro-Perú, al menos 10 de los 13 derrames ocurridos en el Oleoducto Norperuano este año fueron provocados por terceros. (Foto: Archivo)

23:17|27 de diciembre de 2016.- Mediante un decreto supremo, el Gobierno reglamentó ayer el uso de un fondo de S/50 millones destinado a la remediación ambiental en la selva.

La aprobación de esta norma fue anunciada por el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, la semana pasada en la comunidad nativa 2 de Mayo (Urarinas) a donde asistió luego de visitar la comunidad nativa de Saramurillo, cuyos moradores acataron 117 días de protestas.

El fondo de remediación fue creado en abril del 2015 y está destinado a la reducción del impacto de toda la actividad petrolera (estatal o privada) en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, en Loreto.

Con el reglamento, se establece una junta administradora que aprobará el uso de los recursos y priorizará los sitios que deben ser atendidos. La junta estará compuesta por representantes de los ministerios de Ambiente, Energía y Minas, Vivienda, Salud y Agricultura, y de cada una de las cuencas.

Investigarán

El reglamento también faculta al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a identificar los sitios más contaminados de la selva, detectar a las empresas responsables del daño ecológico y verificar el plan de rehabilitación de las zonas impactadas.

Si el OEFA no logra identificar a las empresas o estas no presentan el plan rehabilitación, se utilizará el fondo de S/50 millones. Cuando esto ocurra, se contratará a empresas consultoras para la implementación del plan. Todo el procedimiento durará un máximo de 380 días.

El objetivo es que las comunidades nativas afectadas sean atendidas lo más pronto posible y evitar conflictos sociales.

El reglamento establece que las empresas infractoras deberán devolver al Estado el monto utilizado en la remediación.

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Fuente: El Comercio

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