Pueblos indígenas amazónicos exigen remediación de su territorio y respeto a su cultura ancestral

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Foto: cantovivo.wordpress.com

Hace tres años por la grave contaminación de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, en el departamento de Loreto, producto de la explotación petrolera que data de los años 1970, cuando la regulación ambiental era aún incipiente, y que incluyó a empresas como Occidental Petroleum – hasta los años 1990 – y Pluspetrol – más recientemente -, la zona fue declarada en situación de emergencia ambiental y sanitaria. En 2015, Pluspetrol dejó la concesión sin asumir la remediación de los suelos, aire y agua y, hoy, la contaminación vulnera a más de 100 comunidades indígenas, las cuales nunca fueron consultadas ni informadas sobre los impactos que se podrían generar. Frente a esta situación, los Apus estuvieron en Lima para exigir al Gobierno tomar medidas inmediatas. Participaron en el Foro: Contaminación sin remediación: impactos socioambientales en el Lote 192 y los derechos indígenas.

Demanda de las comunidades afectadas

En el evento, realizado en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, los Apus de la zona expresaron el clamor de sus comunidades. “Nosotros ya no tenemos vida sana, durante años hemos consumido agua contaminada mientras que ningún gobernante se ha preocupado en realizar un estudio del agua ni de nuestra salud”, expresó Aurelio Chino, presidente Fediquep (Federación Indígena Quechua del Pastaza). Afirmó que no se oponen a la extracción petrolera, pero sí le exigen al Estado un diagnóstico social y ambiental a cargo de instituciones independientes. Solo así se podría recuperar la confianza perdida por los miles de barriles de petróleo derramados en sus tierras y ríos.

Demandaron al Congreso de la República la aprobación del proyecto de Ley N° 4933 que permitirá la remediación ambiental de la zona (compromiso que fue suscrito por el actual Gobierno el 10 de marzo del 2015), pues autorizaría al Ministerio de Energía y Minas a suscribir convenios de cooperación técnica para la realización del estudio técnico independiente para el desarrollo de estrategias de remediación ambiental de las áreas afectadas por actividades de hidrocarburos.

Por su parte, Carlos Sandi, presidente Feconaco (Federación de Comunidades Nativas del Rio Corrientes), representante del pueblo indígena Achuar, exige al Estado obligar a la empresa a adoptar medidas de descontaminación del agua y de los suelos. “Indemnizar a nuestras comunidades indígenas implica una participación real del Estado en velar por el derecho a la salud y a la vida de los pobladores, así como permitirnos un acceso a una educación de calidad con niños que no vivan en extrema pobreza. Nosotros solo exigimos nuestros derechos, no vulneramos los derechos de nadie”, expresó.

Alfonso López, presidente Acodecospat (Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca), alertó que los peces de la cuenca del Marañón tienen metales pesados superiores a los límites permitidos, según estudios realizados por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, lo cual resulta grave al ser el alimento de mayor consumo en la zona: mínimo un kilo de pescado diario por persona. A ello se suma el estado de desnutrición crónica de los niños.

“No hablamos de los derrames del pasado, hablamos de la destrucción y muerte permanente de nuestro mundo. Hasta ahora no comprenden lo que significa para los indígenas nuestro territorio. Somos parte de ese hábitat y hemos aprendido a convivir con él. Hay una relación profunda con nuestras cochas, quebradas, lagos y los seres que están en la profundidad”, expresó Alfonso López, quien aún espera que los futuros gobernantes trabajen verdaderamente desde una economía ambiental.

El evento, organizado por el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú Equidad, Oxfam-América y la carrera de Economía y Gestión Ambiental de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, fue inaugurado por Ernesto Cavassa, SJ, rector de esta casa de estudios, quien destacó que el cuidado de la casa común nos corresponde a todos, por lo que debemos estar muy vigilantes de la problemática de las comunidades indígenas.

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Fuente: Universidad Antonio Ruiz de Montoya

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