A un año de la muerte de Edwin Chota: bosques siguen sin dueño

Titulación de comunidades nativas concitó el interés nacional en setiembre del 2014, cuando fue asesinado el líder asháninka

Edwin Chota exigía la titulación de 80 mil hectáreas. (Foto: Archivo El Comercio)

Edwin Chota exigía la titulación de 80 mil hectáreas. (Foto: Archivo El Comercio)

L a falta de recursos económicos y de personal especializado para recorrer las 250 mil hectáreas de bosque que ocupan las comunidades nativas de la región Ucayali ha impedido titular a 31 de estos pueblos, que han denunciado la intromisión de madereros ilegales en sus territorios.
“De las 243 comunidades nativas reconocidas que tenemos, las gestiones anteriores titularon a 212. Las 31 que faltan ya han avanzado con el trámite, pero no podemos terminar porque no hay dinero ni gente para hacer las mediciones”, explica Isaac Huamán, director regional de Agricultura. 

La titulación de comunidades nativas concitó el interés nacional en setiembre del 2014, cuando fue asesinado Edwin Chota, líder de la comunidad de Saweto y reconocido en el extranjero como activista ambiental y defensor de los derechos indígenas. Chota llevaba 12 años exigiendo el reconocimiento de la propiedad de 80 mil hectáreas de Saweto, entrampado por la superposición con dos concesiones madereras.
El crimen precipitó la mediación de la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, y del Ministerio de Agricultura (Minagri), que decretó que la superposición no puede frustrar la demarcación de un territorio por parte de los gobiernos regionales. No obstante, a un año de la partida de Chota, en Ucayali solo Saweto ha accedido al beneficio. “El título de propiedad de unas 100 hectáreas cuesta casi S/.950 por el mapeo con GPS, planos y saneamiento físico legal, que tarda entre cinco y ocho meses. Si se suma el traslado de brigadas hasta la comunidad, el costo es mayor”, se justifica Huamán.

Consultado por El Comercio, Rodil García, de la Asociación de Comunidades Nativas Asháninka de Masisea y Callería (Aconamac), critica las limitaciones de las autoridades para dotarlos de recursos legales para proteger los bosques: “Nada ha cambiado para nosotros. En Nueva California del Shatañya, Nueva Amazonía de Tomajao y Cametsari Quipatsi estamos perdiendo la guerra con los [madereros] ilegales”.

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Fuente: El Comercio

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