Cómo salvar la selva amazónica

La versión en español del prestigioso New York Times dedica un artículo a la problemática amazónica repasando la situación actual que se vive en varios países de la Panamazonía como Brasil, Colombia, Ecuador o Perú. 

La minería ilegal de oro ha devastado la selva en Perú. Credit Guadalupe Pardo/Reuters vía Associated Press

La minería ilegal de oro ha devastado la selva en Perú. Credit Guadalupe Pardo/Reuters vía Associated Press

Por Lisa Viscidi y Enrique Ortiz

En la región de la Amazonía, actividades humanas como la producción agrícola, el desarrollo de infraestructura y la explotación forestal producen niveles alarmantes de deforestación. Después de conseguir algunos logros importantes, como la triplicación de las áreas protegidas en Colombia, en la actualidad observamos un notorio retroceso o mejoras insuficientes en toda la cuenca del Amazonas. Si bien se cuenta con políticas que parecen positivas en el papel, por lo regular fracasan debido a que las instituciones encargadas de ellas son débiles y la ley se aplica de manera inadecuada. Además, existen fuerzas económicas poderosas, tanto legales como ilegales, que impulsan las actividades responsables de la destrucción de la selva.

La selva tropical amazónica desempeña un papel vital en la eliminación del carbono, como mediador del ciclo del agua a nivel global y es una cuna de la biodiversidad. Una pérdida masiva de la selva tropical amazónica podría resultar catastrófica, no solo para los treinta millones de habitantes de la cuenca, sino para todo el mundo.

Pese a que la mitad de la superficie de selva tropical del mundo se encuentra en la Amazonía, la deforestación produce el ocho por ciento de las emisiones globales netas, más que toda la Unión Europea. Varios científicos han advertido que podríamos aproximamos a un “punto de quiebre”: un nivel de deforestación tal que la cuenca del Amazonas ya no podrá generar la lluvia que necesita al reciclar humedad, por lo que no será capaz de sostener los ecosistemas de la selva tropical. Según un estudio realizado en 2018 por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), es posible que la mitad de la vida silvestre de las selvas tropicales más ricas del mundo, como la Amazonía, se encuentre en riesgo de extinción en el próximo siglo.

Los países de la Amazonía van rezagados con respecto a sus objetivos de reducción de la deforestación. Algunas políticas de conservación efectivas han demostrado que pueden dar resultados; el problema es vigilar el cumplimiento de la ley. Es urgente revertir las tendencias actuales y garantizar que el desarrollo económico no choque con la conservación, de manera que evitemos llegar al punto de quiebre.

La combinación de fuerzas que impulsan la deforestación varía de un país a otro, y por lo regular no es posible atribuirla a una sola causa, sino a una cadena de eventos. El sector agrícola, una de las principales causas de la deforestación en la región, es una fuente importante de empleo, inversión e ingresos para el gobierno. Por desgracia, existen prácticas no sostenibles que a menudo evitan que la tierra se utilice de manera eficiente. En Ecuador, por ejemplo, el sector agrícola aprovecha el 30 por ciento de la tierra, pero genera solo el seis por ciento del PIB.

Los caminos y otros proyectos de infraestructura favorecen de manera indirecta la pérdida de la selva amazónica. Los proyectos de carreteras, que por lo regular no consideran protecciones ambientales adecuadas ni planeación de la tenencia de la tierra, crean acceso a áreas que antes eran remotas, con lo que posibilitan la expansión de actividades lícitas e ilícitas que causan deforestación. China planea financiar y construir en la Amazonía infraestructura de transporte y grandes proyectos energéticos, presas hidroeléctricas entre ellos, como parte de su ambiciosa Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda. Por desgracia, sus empresas y bancos públicos por lo regular aplican estándares ambientales menos estrictos que los acreditantes multilaterales, por lo que la posibilidad de una mayor expansión hacia áreas prístinas de selva causa inquietud.

Algunos grupos criminales poderosos y gobiernos débiles en áreas remotas también han permitido actividades ilícitas que destruyen el medioambiente, como la explotación forestal, minas de oro e incautación de tierra para actividades especulativas. Por toda la región, la respuesta en materia de políticas públicas ha sido terriblemente inadecuada. Los gobiernos han recortado sus presupuestos de supervisión ambiental en vez de autorizar los aumentos necesarios. Las medidas de seguridad destinadas a combatir las actividades delictivas que ocasionan deforestación no se ocupan de los incentivos económicos subyacentes.

El tratado de paz de Colombia suscrito en 2016 abrió grandes franjas de selva que antes controlaban las guerrillas de las Farc, las cuales habían impuesto límites estrictos a la explotación forestal. Desde entonces, otros grupos delictivos se han instalado en el área, lo que ha ocasionado un aumento significativo en el acaparamiento de tierra pública, el cultivo de coca y la expansión agrícola no regulada. La pérdida de selva amazónica en Colombia se triplicó desde 2015 y alcanzó un récord histórico.

A pesar de que el expresidente Juan Manuel Santos amplió las áreas protegidas durante su mandato, la aplicación de la ley no ha sido firme y solo se cuenta con un guardia forestal por cada 50 000 hectáreas, el equivalente al 0,2 por ciento de la norma internacional. Para intentar contener el aumento de la deforestación, el gobierno actual, con Iván Duque en la presidencia, asignó más fuerzas de seguridad, pero las autoridades ambientales todavía batallan con presupuestos inadecuados, además de personal y equipo limitados.

En Perú, el gobierno ha relajado la aplicación de las leyes ambientales desde hace algunos años, y las políticas diseñadas para combatir la minería ilegal de oro han sido, en general, ineficaces. Con todo y que desde hace varios años se realizan operaciones policiacas y militares, existe legislación más estricta para combatir la minería ilícita y se han tomado medidas para formalizar la industria, la deforestación ocasionada por actividades ilícitas de minería de oro alcanzó una cifra récord superior a las 9300 hectáreas en 2018, por lo que en febrero el gobierno del Perú se vio obligado a declarar estado de emergencia en la región Madre de Dios.

Algunos casos exitosos demuestran que sería posible establecer políticas para revertir la tendencia, a un costo relativamente bajo en comparación con otras estrategias para mitigar el cambio climático. Ofrecer incentivos a los productores en pequeña y gran escala podría promover prácticas agrícolas sostenibles. La producción de soja y ganado aumentó en Brasil entre 2004 y 2012, y en ese mismo periodo el gobierno logró reducir la deforestación un 80 por ciento. Esto parece indicar que es posible promover las operaciones agrícolas sin destruir la tierra; basta que los agricultores aprovechen la tierra subexplotada y mejoren su eficiencia. Un convenio suscrito en 2006, conforme al cual los compradores de soja se comprometieron a abstenerse de comprar producto a los proveedores que deforestaran la tierra para lograr su producción, desempeñó un papel muy importante para reducir la deforestación de la Amazonía en Brasil.

Después de los escándalos de corrupción en América Latina, los gobiernos quieren mejorar la transparencia de los programas de infraestructura. Esta situación es una buena oportunidad para incluir una mejor planeación ambiental en el proceso de diseño de la infraestructura. Una opción es ampliar las áreas protegidas, además de mejorar el monitoreo y el cumplimiento de la ley, acciones que, según demuestran varios estudios, contribuyen a reducir los incendios forestales hasta en un seis por ciento. En América Latina se estima que las reservas indígenas ayudan a que se reduzcan los incendios forestales, un símil de la deforestación, en un 16 por ciento.

También pueden emplearse incentivos económicos para alentar la reforestación. En Colombia, por ejemplo, la reforestación puede servir para compensar emisiones de carbono y así evitar el impuesto nacional al carbono. En Ecuador, un programa que ofrecía incentivos económicos a los propietarios de la tierra que conservaran la selva nativa ayudó al país a recortar la tasa de deforestación casi un 50 por ciento entre 2009 y 2014, en comparación con el periodo de 1990 a 2000.

No faltan propuestas de políticas para proteger la Amazonía. No obstante, los gobiernos deben tener voluntad política para aplicarlas, aunque existan otras prioridades que parezcan contraponerse. Identificar oportunidades de crecimiento económico que sean compatibles con la conservación permitirá lograr los mejores resultados para la cuenca del Amazonas y para todo el mundo.

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*Lisa Viscidi es directora del Programa de Energía, Cambio Climático e Industrias Extractivas del Diálogo Interamericano.

*Enrique Ortiz es director de programas del Fondo Andino Amazónico.

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Fuente: New York Times (en español)

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