Comunidad Shipiba de la Amazonía peruana exige a las Naciones Unidas proteger su territorio amazónico de una apropiación de tierras autorizada por el gobierno

Comunidad Santa Clara de Uchunya. Foto: Home Forest Peoples Programme

Comunidad Santa Clara de Uchunya. Foto: Home Forest Peoples Programme

Redacción: Forest Peoples Programme

10:50|11 de julio de 2019.- Varias organizaciones indígenas y de derechos humanos de la Amazonía peruana han presentado una petición formal a las Naciones Unidas que solicita acción urgente para detener la apropiación y destrucción de sus tierras.

Esta acción surge en respuesta a la decisión del Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) de retirar protecciones legales de 3,5 millones de hectáreas de selva amazónica y permitir la invasión de territorios indígenas, con unas 100.000 hectáreas en peligro inmediato de invasión por colonos y agronegocios. Estos bosques habían sido clasificados previamente como “Bosques de Producción Permanente” (BPP), una figura que les otorga un alto grado de protección legal contra la deforestación y prohibe la entrega de derechos sobre estos bosques a empresas o individuos.

La petición, presentada al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (UNCERD, por sus siglas en inglés), está suscrita por la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (FECONAU), el Instituto de Defensa Legal (IDL), el Coordinador Nacional de Derechos Humanos en el Perú (CNDDHH) y el Forest Peoples Programme (FPP).

Mapa Shipibo de deforestación en la Amazonía peruana 2011-2018

[El nuevo mapa muestra el rápido avance de la deforestación para la palma aceitera y otra agroindustria entre 2011 y 2018 en el territorio tradicional de Santa Clara. La nueva iniciativa del gobierno de Ucayali dará como resultado un aumento exponencial de esta deforestación, lo que perjudicará los compromisos de mitigación del cambio climático de Perú.]

El 28 de junio de 2019, la Agencia Agraria de Ucayali, la oficina regional del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, alcaldes distritales y otros oficiales del gobierno regional de Ucayali establecieron una comisión que tendrá la capacidad de retirar protecciones de bosques clasificados como BPP y entregarles a los colonos certificados de derechos sobre tierras invadidas. Estos certificados de posesión se han usado con frecuencia para facilitar el tráfico de tierras y la deforestación en la Amazonía peruana, especialmente en territorios indígenas aun no titulados, como en el caso de la comunidad Shipibo de Santa Clara de Uchunya en Ucayali.

La petición insta a UNCERD a apelar a los niveles más altos del gobierno peruano para:

  1. tomar medidas inmediatas para poner fin a todas las acciones del Gobierno Regional de Ucayali orientadas a la implementación de la ordenanza regional N° 010-2018-GRU-CR, antes de que el Estado haya tramitado completamente el reclamo territorial de la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya;
  2. crear e implementar medidas inmediatas para colocar las tierras tradicionales formalmente solicitadas bajo salvaguardas para que su uso y valor no se dañen de manera irreparable, mientras que el reclamo de tierras se considera adecuadamente de manera compatible con el derecho internacional.

Esta petición viene poco después de las observaciones formales de UNCERD al gobierno peruano en mayo de 2018 que concluyeron que hay una falta de mecanismos efectivos de protección de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos, en parte, debido a la falta de un procedimiento adecuado de reconocimiento y titulación de tierras… lo cual continúa generando graves conflictos sociales.

Bosque recién talado para la agricultura a gran escala a lo largo de la carretera hasta Santa Clara de Uchunya
Bosque recién talado para la agricultura a gran escala a lo largo de la carretera hasta Santa Clara de Uchunya

Miguel Guimaraes, Presidente de FECONAU comenta: “Alertamos al CERD sobre el despojo del territorio de Santa Clara de Uchunya en marzo del año pasado. Desde ese entonces la situación se ha puesto aun más dura. En la ausencia de cualquier tipo de salvaguarda para nuestros territorios no titulados, la decisión del GOREU de disolver el BPP amenaza con exponer aún más el territorio de la comunidad a las invasiones por traficantes y agronegocios. Confiamos que ahora el Comité tomará acciones firmes para prevenir daños irreparables.”

El Sr. Guimaraes y otros dirigentes comunales han sido entrevistados en canales nacionales de radio donde solicitan la intervención urgente de los Ministros de Ambiente y Agricultura para detener la aplicación de los planes de GOREU.

Queremos conversar con la ministra [de Ambiente y de Agricultura] y representantes [del sector] para que de una vez tengan coraje y decisión al defender la Amazonía… Esta ordenanza está direccionada a la empresa [de palma aceitera], porque piensan destruir no solo el territorio de la comunidad, sino bosques primarios, bosques intangibles. […] Nuestro esfuerzo de venir a Lima es básicamente para derogar [la ordenanza] porque va a vulnerar los derechos colectivos de los pueblos indígenas,” dijo Ivan Flores, dirigente comunitario.

La petición será revisada por un comité de expertos de UNCERD que se reúnen en Ginebra desde el 5 de agosto. El comité tendrá que evaluar si las acciones del gobierno del Perú, incluido GOREU, representan una violación de las obligaciones legales del Perú bajo la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Más detalles

1. Las observaciones de UNCERD en mayo 2018 se prepararon en parte como respuesta a un informe presentado por organizaciones de la sociedad civil que incluía el caso de Santa Clara de Uchunya como un ejemplo de una comunidad indígena cuyo territorio tradicional no titulado ha sido ilegalmente adquirido por terceros que se han aprovechado de la omisión prolongada del gobierno peruano de reconocer legalmente y proteger dichos territorios. En este caso más de 7000 hectáreas del territorio de la comunidad han sido destruidos y puestos bajo cultivo de palma aceitera. Pueden obtener más información aquí.

2. Como parte de sus observaciones finales en su informe del Mayo 2018 el Comité ha instado al Gobierno Peruano a) Establezca un mecanismo adecuado y eficaz que permita la reclamación y restitución de tierras y territorios ancestrales, asegurando la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros adecuados para el funcionamiento efectivo de tal mecanismo; [y] b) Garantice la protección de los derechos que tienen los pueblos indígenas a poseer, utilizar, desarrollar y controlar con plena seguridad sus tierras, territorios y recursos, incluso mediante el reconocimiento legal y la protección jurídica necesarios de conformidad con los estándares internacionales…(Pár. 17).

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Fuente:  
Forest Peoples Programme
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