Plantón Achuar, por el reconocimiento de su pueblo: “Si es necesario iremos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos”

Una delegación del pueblo indígena achuar, ubicado en el norte de la región Loreto, reivindica en Lima el reconocimiento administrativo de su personalidad jurídica como pueblo que les traería múltiples ventajas y les ayudaría a defender sus territorios de amenazas extractivas. El jueves 4 de julio realizaron un plantón frente al Tribunal Constitucional

Representantes del pueblo achuar durante el plantón frente al TC. Foto: Débora Oddo

Representantes del pueblo achuar durante el plantón frente al TC. Foto: Débora Oddo

 Por Débora Oddo (CAAAP)

15:30|09 de julio de 2019.- Este es el pueblo Achuar del Pastaza, representado por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP). Con un territorio de 800 mil hectáreas en la zona norte de la región de Loreto (en la frontera con Ecuador, entre los ríos Tigre, Corrientes, Pastaza, Huitoyacu y Morona), su delegación llegó hasta Lima para presentarse delante del Tribunal Constitucional (TC) en la mañana del jueves 4 de julio de 2019 y pedirle la resolución de las tres acciones aún pendientes de ser juzgadas. Por un lado, el registro de la personalidad jurídica como pueblo por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP); por otro, la orden de titulación de la propiedad del territorio integral; y, en tercer lugar, la declaración de nulidad de los lotes petroleros establecidos dentro del territorio sin consulta previa.

El reconocimiento administrativo de la personalidad jurídica de su pueblo le permitiría ejercer varios derechos, entre ellos el título de propiedad colectiva y la participación en el Consejo Regional, así como gozar de ventajas como la posibilidad de tener RUC, hacer bionegocios o recibir donaciones. “Apenas hay un pueblo en el Perú que tiene personalidad jurídica reconocida. Y apenas hay dos ordenanzas regionales que permiten el reconocimiento de la personalidad jurídica cuando debería ser en todo el país que se garantice el reconocimiento de la personalidad jurídica de pueblos y de las organizaciones de pueblos”, indica Raquel Yrigoyen Fajardo, directora ejecutiva del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS).

A pesar de los varios acuerdos internacionales (como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT) y del Artículo 89 de la Constitución Política, del cual deriva directamente la personalidad jurídica de las comunidades campesinas y las nativas, el Ministerio de Cultura (MINCUL) interpuso una acción de inconstitucionalidad contra las dos ordenanzas que habían conferido tal personalidad al pueblo Achuar del Pastaza. Dichas ordenanzas son las aprobadas por los departamentos de Loreto y de Cajamarca, que constituyen las únicas en el Perú para acreditar la personalidad jurídica a un pueblo originario y no solo a comunidades fragmentadas. Además, el Gobierno Regional de Loreto, con Resolución Ejecutiva Regional n.253-2018-GRL-P, declaraba el reconocimiento de la personalidad jurídica del pueblo Achuar del Pastaza con sus 45 comunidades que componen la FENAP, encargando el cumplimiento de la antecedente Ordenanza (n.014-2017-GRL-CR). De esta forma, el Achuar fue el primer caso de pueblo originario peruano en tener tal personalidad, después de una larga lucha. Sin embargo, la SUNARP, así como otras entidades públicas, rechazan registrarlo.

La acción tomada por el MINCUL representa un “claro retroceso que va contra el principio de progresividad de derechos dentro del Derecho Internacional”, explica Yrigoyen. Además, se ha planteado cómo la competencia del reconocimiento de la personalidad jurídica ha sido históricamente de diversas entidades. Actualmente es de los gobiernos regionales. Por lo tanto, nunca habría sido incumbencia del MINCUL, el cual sólo tendría la tarea de detectar y reconocer a pueblos indígenas a través de una “base de datos de pueblos indígenas u originarios”. Todo eso impide también que otros pueblos originarios puedan avanzar una demanda similar ante sus respectivos gobiernos.

Frente a la invasión de industrias extractivas como el petróleo, la explotación de madera y la minería, el pueblo Achuar continúa pidiendo el reconocimiento del derecho a la “titulación colectiva” de su territorio ancestral e integral, con todos sus recursos naturales, tan indispensables para la supervivencia misma del pueblo. La falta de acceso a tal territorio obstaculiza el ejercicio del derecho de este pueblo indígena a la libre determinación, un derecho que el gobierno peruano tiene la obligación de respetar por su compromiso con varios tratados internacionales.

Durante el plantón del jueves, los achuar contaron con el apoyo de algunos miembros de la ronda campesina que afirmaron: “Estamos acá para luchar juntos, todos como un solo puño”. Ellos se preguntan de qué lado está el Estado, dado que mantiene su política de nuevas concesiones a empresas para la explotación minera y petrolera, sin que – lamentablemente – la población obtenga por lo menos ventajas  económicas. Al revés, ésta sigue en la extrema pobreza, además de tener sus bosques y ríos más y más contaminados. ¿En nombre de qué tipo de desarrollo actúa entonces? Sin contar que unos lotes, como el Lote 64, han sido concedidos sin consulta previa. Dado en concesión en 1995 sin el consentimiento de las comunidades achuar, este Lote ha sido entregado a varias compañías internacionales, dejando pasivos y externalidades ambientales que nunca fueron remediados. Desde 2014, está la empresa petrolera GeoPark, la cual- dos años después- obtuvo autorización estatal para realizar las actividades exploratorias. Adicionalmente, sin el financiamiento de inversionistas estadounidenses como JPMorgan Chase y BlackRock, la chilena GeoPark no podría alcanzar tales operaciones (Servindi, 2018).

No solamente se habla de una agresión a los derechos del pueblo Achuar del Pastaza, aquí están en juego también amenazas medioambientales y riesgos financieros. Concluye Nelton Yankur Antich, presidente de FENAP: “Nosotros hemos confiado en la justicia, pero aún no tenemos respuesta, y por eso tenemos este plantón, para que el TC atienda nuestro caso. De lo contrario, seremos obligados a tomar otras medidas, como recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

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