Petróleo en Perú: consulta previa, derrames y un nuevo operador para el bloque 192

Comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre deberán ser consultadas en vista que sus derechos territoriales se verían afectados por un nuevo contrato petrolero para el bloque 192. Mientras tanto siguen exigiendo que el Estado cumpla con la remediación de los 32 sitios identificados como prioritarios, con una atención médica especializada, agua potable y la publicación de los resultados completos de los estudios de salud practicados en el 2016.

Como parte de la preparación para la remediación de sitios contaminados, los trabajadores toman una muestra de suelo de un área utilizada como vertedero de desechos cerca de Nuevo Andoas en el Bloque 192. Foto: © Barbara Fraser.

Como parte de la preparación para la remediación de sitios contaminados, los trabajadores toman una muestra de suelo de un área utilizada como vertedero de desechos cerca de Nuevo Andoas en el Bloque 192. Foto: © Barbara Fraser.

Por: Bárbara Fraser

14:08|12 de febrero de 2019.- Mientras caminaba a través de la maleza tropical soportando el calor amazónico, Elmer Hualinga se detuvo de pronto para observar cómo las raíces de un árbol crecían alrededor de un barril oxidado. Cerca de allí, restos de un motor yacían parcialmente enterrados, no muy lejos de la puerta oxidada de una camioneta.

Este bosque tropical alguna vez fue virgen. El área alrededor de este pueblo de casas de madera y calles sin pavimentar se convirtió en un vertedero después de las actividades de exploración y producción de petróleo que empezaran en la década de 1970. Ahora, una limpieza está programada ahí y en otros 31 sitios de la concesión de petróleo, una vez conocida como 1AB, hoy designada como Bloque 192.

Pero Hualinga de 36 años y padre de tres hijos sigue preocupado por los impactos a largo plazo que las casi cinco décadas de contaminación han causado en su familia y en los arroyos, ríos, plantas, peces y animales de los que dependen las comunidades indígenas para su sustento.

Ahora se detiene al lado de una pequeña y fangosa piscina de agua. “El olor de este lugar no es natural. Es un olor feo, un olor de la descomposición de metales”.

Las huellas en el barro muestran que los animales se sintieron atraídos por el agua salada de la piscina contaminada, al igual que como les pasa con las colpas naturales de la Amazonía. Pero la sal allí es el residuo de las operaciones petroleras.

“Esto es el recuerdo que nos dejan las empresas petroleras”, dijo Hualinga.

Lo que se viene este año

Después de más de una década luchando por la limpieza de estos sitios contaminados y la atención médica para las personas que viven a lo largo de los ríos, dentro de los campos petroleros más grandes del país, las organizaciones indígenas han logrado algunos avances significativos. Sin embargo, la preocupación por la salud humana y ambiental, así como por la financiación para los trabajos de limpieza futuros permanecen.

El Gobierno peruano ha anunciado que este año designará un nuevo operador para el Bloque 192, una concesión petrolera que cubre 4900 kilómetros cuadrados en las cuencas del Pastaza, Corrientes y Tigre en el norte de Perú, cerca de la frontera con Ecuador. El área está habitada principalmente por indígenas Achuar, Kichwa, Quechua y Urarina.

Según el Ministerio de Energía y Minas, la nueva concesión tendrá una vigencia de 40 años. De conformidad con la legislación peruana, las comunidades indígenas cuyos derechos territoriales se verían afectados por el nuevo contrato participarán en un proceso de consulta previa de cuatro meses que se espera comience pronto.

Cuatro federaciones —FEDIQUEP, del Pastaza; FECONACOS, del Corrientes; OPIKAFPE, del Tigre; y ACODECOSPAT, del Marañón, en apoyo a las tres que están dentro del Lote 192—, conocidas como las “cuatro cuencas”, entregaron una propuesta para el desarrollo de la consulta previa al Ministerio de Energía y Minas el 17 de enero del 2019.

Las organizaciones indígenas exigen que los diálogos para elaborar el plan de consulta, así como los de la consulta en sí, se realicen en comunidades dentro del lote, para facilitar la participación de todos los habitantes. También proponen que se socialice el modelo del contrato y que este proceso detalle elementos como la gestión ambiental, los beneficios para las comunidades, la remediación de daños y otros.

La salud será un tema clave durante la consulta, según los líderes de las organizaciones que se llaman a sí mismas “cuatro cuencas”, una referencia a los tres ríos en la concesión y al río Marañón, del cual son tributarios. El Marañón se une al río Ucayali río abajo para formar el Amazonas.

Un estudio realizado en el 2016 encontró que algunas personas tenían niveles de cadmio y plomo en la orina y en la sangre que excedían los umbrales permitidos. También se halló que la presencia de bario y plomo en el suelo de algunas casas y campos superaban los estándares de calidad ambiental.

Las organizaciones indígenas están demandando atención médica especializada para las personas que tienen metales pesados ​​en sus cuerpos, agua potable para beber y cocinar, una garantía de seguridad alimentaria y la divulgación total de los resultados del estudio de salud practicado por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente (CENSOPAS). En su momento se tomaron muestras de sangre y orina, se realizaron encuestas y se recogieron muestras también de suelo, agua, aire y alimentos. Hasta ahora, solo se han entregado los resultados parciales.

La Defensoría del Pueblo se refirió al tema en un informe y recomendó al gobierno asegurar el financiamiento necesario para terminar el estudio, así como para hacer un seguimiento de las personas que tienen niveles de metales por encima del máximo permitido. También pidió la elaboración y cobertura de un plan de salud integral para las comunidades afectadas.

Otra demanda de las comunidades indígenas se centra en la remediación ambiental de la contaminación acumulada a lo largo de casi cinco décadas. Durante la mayor parte de ese tiempo, el agua producida —el agua caliente, salada y cargada de metales bombeados de los pozos con petróleo— se vertió sin tratar en ríos y arroyos.

Se espera ahora que los consultores que están elaborando los planes para la limpieza de los 32 sitios identificados como prioritarios por las organizaciones indígenas, finalicen su trabajo durante el primer trimestre de este año.

Las exigencias de la remediación

Un estudio financiado por el Gobierno, coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU (PNUD) y publicado en agosto del 2018 reveló la complejidad de la remediación, así como el costo probable.

Un fondo inicial de alrededor de 15 millones de dólares está casi agotado. El Ministerio de Energía y Minas ha destinado alrededor de 53 millones de dólares de su presupuesto del 2019 para la remediación de sitios contaminados por hidrocarburos, pero el costo total para limpiar todos los sitios prioritarios podría ser mucho mayor, y eso es solo una fracción de los sitios contaminados.

El estudio del PNUD recomendó priorizar los sitios futuros para la limpieza basándose en una evaluación del riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Se planea un estudio similar para el 2019 en el vecino Bloque 8, otro lote petrolero de la misma antigüedad que también está contaminado por derrames y desechos.

Las organizaciones indígenas también solicitan el reemplazo del sistema de tuberías dentro del Bloque 192 y el Oleoducto del Norte del Perú que transporta crudo desde la Amazonía a través de los Andes hasta la costa.

Según el estudio del PNUD, se registran con frecuencia filtraciones y derrames de los ductos dentro de los lotes. La sección amazónica del Oleoducto del Norte del Perú también ha sufrido una serie de derrames desde el 2014, algunos debido al cambio de suelo, algunos a la corrosión y otros al vandalismo.

Una serie de fugas en el 2016 generó preocupación sobre el estado de conservación y la seguridad del ducto. Petroperú atribuyó la mayoría de los derrames al sabotaje, aunque nunca se hallaron culpables.

Una investigación del Congreso sobre estos derrames no llegó a identificar a los responsables del vandalismo, pero observó que algunos pequeños contratistas habían ganado de repente licitaciones por cientos de miles o millones de dólares.

 

Los últimos derrames

La fuga más reciente ocurrió en febrero dentro del Lote 192, en el Río Corrientes. Poco antes, el 26 de enero se reportó una fuga del Oleoducto Nor Peruano en la Quebrada Cangaza, cerca de la comunidad de Chapis, que sufrió otro derrame en el 2017.

A principios de este año, el primero de enero, ocurrió un derrame del Oleoducto Nor Peruano en la comunidad de Santa Rosa, en el río Marañón, distrito de Manseriche. El 6 de febrero, miembros de la comunidad tomaron en protesta la Estación 5, una de las estaciones de bombeo del oleoducto.

Otro punto por mencionar está en la comunidad Wampis de Mayuriaga, en el río Morona, que sufrió un derrame en febrero del 2016 y nuevamente el 27 de noviembre del 2018. Petroperú dijo que el primer derrame se debió a la abrasión de la tubería causada por el suelo arenoso, pero alegó vandalismo en la fuga de noviembre. Los miembros de la comunidad se negaron a que Petroperú sellara esta ruptura, diciendo que la compañía no había cumplido con los acuerdos pactados en el 2016. Esta negociación continúa.

Los conflictos relacionados con los ductos “son fenómenos muy complejos” debido a “una combinación de factores”, dijo Alicia Abanto, quien supervisa asuntos ambientales, servicios públicos e indígenas en la Defensoría del Pueblo.

A pesar de los millones de barriles de petróleo que se han extraído de sus territorios durante casi medio siglo, la mayoría de las comunidades indígenas en los Bloques 192 y 8 carecen de servicios básicos como electricidad, atención médica y escuelas y materiales educativos adecuados.

Para Elmer Hualinga, quien ha trabajado durante 10 años como monitor ambiental voluntario en Nuevo Andoas, la salud sigue siendo la principal preocupación mientras las comunidades se preparan para el proceso de consulta.

El estudio de salud mostró que sus hijos tenían niveles de metales en la sangre y orina que estaban por encima del umbral recomendado. Los trabajadores de salud le dijeron que su hija de 7 años corría el mayor riesgo.

“¿Qué puedo hacer como padre para que ella no tenga esos metales en su cuerpo, para que ella tenga futuro?” preguntó.

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