Temor al veneno mortal: La lucha de los indígenas afectados por los derrames en Amazonas continúa

Tras tres años del vertido de petróleo en el río Chiriaco, las comunidades solicitan que las personas afectadas reciban una atención médica integral y especializada –epidemiológica- para saber si presentan niveles altos de metales pesados y se pide, además, la implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria para asegurar el adecuado tratamiento ante la exposición del petróleo.

Niño contempla el desastre en la comunidada nativa de Nazareth. Foto: Gerzon Danducho.

Niño contempla el desastre en la comunidada nativa de Nazareth. Foto. Gerzon Danducho.

Por Héctor Francisco Rodríguez
Asesor legal del CAAAP

10:32|25 de enero de 2019.- “Paz, amor y salud para todas las personas y todos los pueblos” es lo que se escucha en épocas de fiesta de manera ubicua. Las fiestas de fin de año suelen ser una ocasión ideal para dedicar buenos deseos a todos nuestros seres queridos y a otras personas y la oportunidad para renovar las ilusiones de un futuro mejor. Sin embargo, en las comunidades nativas awajún de Nazareth, Wachapea, Pakún y algunas otras decenas asentadas en las riberas de los ríos Chiriaco y Marañón, en la región Amazonas, no existe tranquilidad, ni paz, ni salud. El 2018 terminó y aún no hay alivio gratuito para estas comunidades indígenas.

El “veneno negro” en las comunidades indígenas del Río Chiriaco

Hoy se cumplen tres años del derrame de petróleo ocurrido en la zona de Chiriaco, Amazonas. El 25 de enero del 2016 se produjo una fuga de aproximadamente 3,000 barriles de petróleo debido a la corrosión del Oleoducto Norperuano de Petroperú (ONP), en el tramo que cruza el distrito de Imaza, provincia de Bagua. O dicho de manera técnica, a la altura del kilómetro 441 de la tubería, en la progresiva 440+781 del Tramo II, sobre el caserío de Villa Hermosa, muy cerca del río Chiriaco. Dicha corrosión fue verificada en la zona por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

El crudo llegó primero a la quebrada de Inayo−un arroyo de unos cinco metros de ancho que desemboca en el Chiriaco−, donde fue contenido de manera rudimentaria con palos y plásticos por el propio personal de Petroperú. Sin embargo, las fuertes lluvias en la zona provocaron que las barreras y trampas colapsaran de modo que, el 9 de febrero, el crudo llegó hasta el río Chiriaco afectando a decenas de comunidades nativas río abajo. Varias comunidades del río Marañón también se vieron afectadas. Desde entonces la vida y la salud de decenas de hombres y mujeres de las comunidades awajún asentadas en la zona dejaron de ser las mismas.

Contacto, exposición y contaminación con metales pesados.

La exposición a los hidrocarburos y sustancias tóxicas de hombres, mujeres y niños no se limitó al uso y consumo de las aguas y alimentos del río contaminado, sino que se agravó porque una parte de la población de las comunidades más cercanas al punto del derrame respondieron a un llamado general realizado por representantes de Petroperú y de otras empresas de remediación para recolectar el crudo vertido en agua y suelos. Adultos y menores de edad acudieron a las “labores de limpieza”, a cambio de “propinas” y el pago de servicios, portando pequeños baldes, botellas de plástico, empuñando principalmente utensilios de cocina. Lo más terrible es que estas labores se hicieron sin contar con ningún tipo de implementos o equipos de seguridad personal para resguardar sus cuerpos.

A mitad de febrero, la Dirección Regional de Salud de Amazonas declaró en emergencia sanitaria por 90 días el sistema de abastecimiento de agua para consumo humano por el vertido de petróleo[1]. Días después, la Red de Salud de Bagua identificó “45 comunidades nativas en riesgo de daños a su salud desde la desembocadura de la quebrada Inayo en el río Chiriaco, hasta la comunidad nativa Wachints en la desembocadura del río Cenepa al río Marañón (límite con la provincia de Condorcanqui)”.

Además, en un informe de la Dirección Regional de Salud del 2 de marzo de 2016[2] se indicó que el 16 de febrero en la Comunidad Nativa Pakun, se identificó a dos personas con sintomatología relacionada a la exposición al petróleo; el 17 de febrero, en la Comunidad Nativa Wachapea, se identificó 23 personas con sintomatología relacionada a la exposición al petróleo y el 18 de febrero en la Comunidad Nativa Nuevo Progreso, se identificó 15 personas con sintomatología relacionada a la exposición al petróleo. El mismo informe de la DIRESA constató que el reparto de kits médicos a la población afectada se realizó un mes después de producido el derrame; hechos que muestran a todas luces una falta de respuesta rápida ante una situación de emergencia.

Más de diez meses después, en otro informe con fecha 30 de diciembre de 2016, la Dirección de Salud[3] señaló importantes conclusiones sobre la falta de atención médica y la tardía respuesta de las autoridades: i) se identificó 243 personas expuestas sin protección al petróleo, de ellas 39 presentaron sintomatología relacionada a la exposición al crudo de petróleo y los síntomas más frecuentes fueron cefalea (dolor de cabeza) y dermatitis; ii) se reconoce la existencia  (conclusión 3a) de episodios de intoxicación aguda pero no se establece una línea de intervención frente a éstos y tampoco se elabora un procedimiento para tratar las consecuencias de episodios de intoxicación crónica; y iii) se indica en la conclusión quinta que los resultados de las muestras de calidad de agua para consumo humano tomadas de las siete localidades con mayor riesgo de exposición e intoxicación por petróleo no cumplen con los límites máximos permisibles de la mayoría de metales pesados analizados. Sin embargo, conociendo estos resultados que no garantizan la calidad del agua para consumo humano, el informe concluyó que no se planteó ninguna estrategia para evitar la exposición de la población a esta fuente de contaminación.

En conclusión, la intervención de las instituciones públicas reportó que hubo población afectada debido a la exposición al petróleo pero no se adoptaron e implementaron las medidas para remediar esta situación de vulneración.

Niños de la comunidad Nazareth, durante la recogida de petróleo tras el derrame.

Niños de la comunidad Nazareth, durante la recogida de petróleo tras el derrame. Foto: Gerzon Danducho

¿Quién me va a responder por esto?”: metales pesados y situación de salud de las comunidades nativas awajún de Amazonas

Desde el año 2016, dirigentes indígenas de la comunidad de Nazareth y otras más que han sido afectadas, viajan continuamente a Lima para demandar la atención de su población ante las autoridades competentes. En junio de 2018, Lucia, mujer y madre indígena awajún de la Comunidad Nativa de Nazareth, contó con miedo y dolor detalles de los incidentes ocurridos en su comunidad en una radio local:

“¿Quién me responde por la salud de mis hijos…? Mi niño no puede estar un minuto bajo el sol porque le duele mucho su cabeza. Ya no estudia como antes. Está cansado siempre y le duele su cuerpo. Mi hija era buena alumna pero ya no quiere ir a la escuela. Le salen heridas en sus piernas… ¿Quién me va a responder por esto? Tengo miedo por mis hijos, tengo miedo que no aguanten y se mueran…mi vida ha cambiado, desde ahí…yo no vivo tranquila”.

Esa angustia que se percibe en las palabras y en los ojos de Lucia también se advierte en muchas mujeres indígenas de la zona adyacente al río Chiriaco y al Alto Marañón que sufren al ver las secuelas de la contaminación del petróleo en el cuerpo de sus hijos e hijas.

A pesar de que las instituciones de salud de la región Amazonas han confirmado que existen evidencias de afectaciones y sintomatología en personas de las comunidades awajún, el Estado peruano, a través del propio Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Amazonas, no realizó un adecuado tratamiento de salud a favor de estas poblaciones. Las secuelas de la exposición al petróleo y a las sustancias químicas que lo componen se vienen manifestando en adultos y principalmente en menores de edad a través de síntomas como mareos, somnolencia, cansancio extremo y asociado a falta de concentración, temblores en miembros inferiores, dolor de cabeza, sensación de irritación de las vías aéreas, cólicos, náuseas, etc.

Como consecuencia de esta grave situación, en agosto del año 2016, un colectivo conformado por dirigentes y líderes de las comunidades afectadas, con el apoyo de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P) e instituciones de sociedad civil entre las que destacan el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y Veterinarios Sin Fronteras, decidieron realizar exámenes médicos a 25 niños y niñas de las comunidades de Nazareth, Wachapea, Pakun y Umukay, con autorización de los padres y madres. El análisis midió la concentración de metales pesados de sangre, pelo y orina de 25 menores de las citadas comunidades para detectar la posible presencia de metales pesados como mercurio, plomo, cadmio y arsénico. Para ello se utilizaron los valores de referencia de la Organización Mundial de la Salud –OMS y que son de aplicación para personas no expuestas ocupacionalmente.

Los resultados y conclusiones generales de los análisis en el laboratorio Quebec de Canadá[4], en base a los exámenes realizados a los niños y niñas de estas comunidades, revelaron la presencia de niveles altos de metales pesados, concretamente cadmio y mercurio, por encima de los límites máximos permisibles según los estándares de la OMS. En el caso del pelo, en el 100% (25 niñas-niños), se detectó la presencia de mercurio, arsénico, cadmio, plomo, molibdeno, níquel y selenio. En el caso del mercurio como metal de interés para aplicar un dosaje, se observó que quince (15 niñas-niños) se encuentran con niveles mayores a 1 μg/g o 1 ppm/g de mercurio total y niveles  de 0.8 μg/g o 0.8 ppm/g de metilmercurio, la forma orgánica neurotóxica de mercurio, lo cual rebasa los niveles permitidos en los estándares de la OMS.

La población, en especial los niños, recogieron petróleo en la orilla a cambio de 'propinas'. Foto: Cedida

La población, en especial los niños, recogieron petróleo en la orilla a cambio de ‘propinas’. Foto: Gerzon Danducho

A partir de los resultados hallados en estos exámenes, las comunidades awajún del distrito de Imaza, con la asesoría legal de las instituciones aliadas, decidieron interponer una demanda de amparo para que se cautelen sus derechos a la salud y medio ambiente.

El 15 de noviembre de 2017, el Primer Juzgado Civil de Bagua, Amazonas, admitió la demanda de amparo[5] presentada por los apus y dirigentes indígenas de las comunidades nativas de Nazareth, Wachapea, Pakún y Umukay contra el Ministerio de Salud, el Gobierno Regional de Amazonas y otros organismos del Estado por la vulneración a su derecho a la salud y medio ambiente. Las comunidades solicitan, a través de esta demanda, que las personas afectadas por el derrame de petróleo ocurrido el 25 de enero de 2016 reciban una atención médica integral y especializada –epidemiológica- de forma inmediata para saber si presentan niveles altos de metales pesados y se pide además la implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria para asegurar el adecuado tratamiento ante la exposición del petróleo.

En el marco de este proceso, el 29 de noviembre de 2018, el Primer Juzgado Civil de la provincia de Bagua  (Amazonas) declaró FUNDADA la solicitud de medidas cautelares presentada por el señor Norberto Wamputsag, Apu de la comunidad nativa de Nazareth (Bagua, Amazonas). El Juzgado de Bagua ORDENÓ que el Ministerio de Salud, el Gobierno Regional de Amazonas y la Dirección Regional de Salud de la misma región diseñen, implementen y ejecuten una estrategia de salud de emergencia que permita atender de manera integral, especializada e inmediata la salud de las comunidades indígenas awajún del distrito de Imaza, que fueron afectadas por el derrame de petróleo que ocurrió en la zona de Chiriaco.

Luz al final del túnel: la lucha de las comunidades por la atención en salud y la respuesta del Estado.

Las comunidades nativas de la región Amazonas afectadas por el derrame han decidido reclamar y solicitar sus demandas en salud desde varios frentes.

En el ámbito nacional, el Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Resolución Ministerial N° 022-2019/MINSA, con fecha 8 de enero, aprobó el Plan de atención integral de Salud a favor de las comunidades awajún de Nazareth, Pakun, Wachapea y Umukay del distrito de Imaza (provincia de Bagua, región Amazonas), afectadas por el derrame de cerca de tres mil barriles de petróleo a inicios del 2016.

Dicho plan establece la implementación de un programa de atención médica integral, especializada y con pertinencia cultural para las citadas comunidades con énfasis en la población vulnerable (menores de edad, madres gestantes y adultos mayores), a través de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Amazonas. Asimismo, ordena el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en el ámbito de las comunidades y el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria de la calidad del agua que consumen.

El Plan tiene una vigencia desde este año hasta el 2021, y beneficiará a más de 550 familias de las cuatro comunidades. Para su ejecución se desembolsará en total, en los tres años, cerca de un millón doscientos mil soles. Norberto Wamputsag, apu de la comunidad de Nazareth, sostuvo que espera con esta medida que el Estado brinde “una atención integral a los menores y adultos que participaron en el recojo del petróleo crudo”.

Hay personas que aún presentan alergias, pero al no tener recursos no pueden atenderse de forma particular y por lo tanto no saben qué es lo que tienen. Espero que con el nuevo plan todos puedan ser atendidos”, afirmó el dirigente, quien además señaló que se reunirán este 25 de enero para informar y evaluar acciones.”

Esta medida se enmarca también en la aprobación de una norma anterior del propio Ministerio de Salud que definió a nivel nacional los “lineamientos de Política Sectorial para la atención Integral de las personas expuestas a metales pasados y otras sustancias tóxicas” a través de la Resolución Ministerial N°979-2018/MINSA. Esta política nacional del MINSA se aprobó producto de las constantes demandas de diferentes organizaciones indígenas y campesinas de las regiones andina y amazónica, entre los que se encuentran los dirigentes de las comunidades awajún afectadas por los derrames de petróleo en Chiriaco (Amazonas), reunidas en la Plataforma Nacional de Poblaciones Afectadas por Metales Pesados, con el fin de exigir al Estado la atención en salud por la exposición de su población a metales pesados y tóxicos productos de actividades extractivas de minerales.

En sede internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha requerido información sobre los impactos ocasionados por el derrame de petróleo en 2016 en las comunidades nativas awajún de la zona de Chiriaco[6]. El 25 de noviembre del pasado año el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos enviaron un documento de comunicación a la CIDH solicitando el otorgamiento de medidas cautelares a favor de las comunidades afectadas para hacer efectiva la exigencia al Estado peruano en materia de atención en salud de la población.

A través de estas medidas cautelares se pretende que el Estado dé cumplimiento a sus obligaciones en materia de derechos humanos y, que en el caso de las comunidades de Imaza, Amazonas, deben concretarse en la atención en salud y la remediación ambiental de los suelos y ríos contaminados.

De otro lado, las organizaciones indígenas se han pronunciado reiteradamente para que se atienda. El presidente de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P), Salomón Awananch, ha señalado que “el trabajo de la CIDH es muy importante para las comunidades desde sede internacional debido a la falta de voluntad del Ministerio de Salud en atender a la población indígena de Amazonas”.

Sin duda, se trata de un paso importante en la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas afectadas por derrames petroleros en la Amazonía. Sin embargo, es fundamental que toda acción que el Ministerio de Salud ponga en marcha se realice en coordinación constante con las propias comunidades”.

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[1]GR-AMAZONAS. RDRS Nº 110-2016-GR-AMAZONAS-DRSA

[2]Informe de seguimiento: vigilancia epidemiológica post desastre por derrame de petróleo en el distrito de Imaza/Provincia de Bagua/Región Amazonas – enero, febrero 2016

[3] Informe de final: EVISAP derrame de petróleo en el caserio Villa Hermosa – distrito Imaza /provincia de Bagua – Región Amazonas – enero del 2016

[4]Laboratoire de Toxicologie..InstituteNatonal de SantèPublic-Quebec

[5] Con el acompañamiento legal del Centro de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

[6]En diciembre del año 2017 a las comunidades nativas de San Pedro y Cuninico del Río Marañón (Región Loreto) afectadas por los constantes derrames de petróleo en sus territorios

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