Comunidades indígenas peruanas son reconocidas oficialmente como guardianes forestales

Patria Nueva y Nuevo Saposoa son dos comunidades nativas de la etnia shipibo-conibo, ubicadas en Ucayali, que han conseguido detener la deforestación gracias a su monitoreo y vigilancia.

Foto: Fundación Rainforest

Foto: Fundación Rainforest

Por Alberto Ñique G.

12:29|11 de octubre de 2017.- La vigilancia y el monitoreo forestal es fundamental para evitar la deforestación en la Amazonía peruana, así como para alertar ante cualquier otra amenaza contra el medio ambiente y las sociedades indígenas amazónicas. Por eso es importante que el Estado reconozca estas actividades desarrolladas por las comunidades nativas, labor que actualmente se ejecuta mediante Veedurías Forestales.

Quienes viven en los bosques amazónicos deben enfrentarse no solo al cambio climático y otros fenómenos climáticos, sino también a la tala ilegal, a la expropiación y tráfico de tierras, al narcotráfico, a los derrames de petróleo, entre otras amenazas. Mientras más alejadas de las vías de acceso, las comunidades indígenas sienten lejano al Estado, y esto se evidencia sobre todo cuando las amenazas indicadas arrecian y no hay respuesta inmediata de los gobiernos regionales ni de las autoridades policiales, judiciales, ni de las instancias correspondientes de los ministerios.

Patria Nueva y Nuevo Saposoa son dos comunidades nativas de la etnia shipibo-conibo ubicadas en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali (colindan con el Parque Nacional Sierra del Divisor), que luego de analizar el avance de la deforestación en sus territorios (que carecen de título) concluyeron que estaban ante una nueva amenaza creciente que podría despojarlos de sus bosque: las invasiones para agricultura migratoria a pequeña escala requieren de la quema ilegal del bosque para obtener la posesión. Esta es una situación más difícil de abordar, los actores de la deforestación tipo hormiga crecen rápidamente y se distribuyen en el territorio de manera expansiva, organizados en asociaciones agrícolas que suelen ser la fachada perfecta del tráfico de tierras.

Entre el 2013 y el 2015, los territorios comunitarios tuvieron una tasa anual de deforestación de casi 5%. Los cálculos inmediatos hacían pensar que cuando los niños de las comunidades alcanzaran la edad adulta su bosque habría desaparecido. Temiendo este futuro, las comunidades se unieron y con la asesoría de la Fundación Rainforest implementó un programa de monitoreo comunitario.

En este contexto, desde el 2016 las comunidades se organizaron y emprendieron patrullajes y vigilancia permanente de sus territorios, focalizando en las zonas invadidas y el frente aperturado por un camino forestal abandonado mejorando la presencia y permanencia en sus territorios; además, apostaron por construir su propia carga probatoria que demuestre antes las asambleas comunales y antes las autoridades estatales que los invasores no estaban desarrollando “mejoras agrícolas”, sino que estaban cometiendo ilícitos.

Los defensores del bosque de las dos comunidades utilizaron una combinación innovadora de patrullajes a pie con métodos tradicionales de su comunidad, y la última tecnología—incluyendo sistemas de GPS, aplicaciones de móviles para mapeo, alertas satelitales producidas por el stado, y drones para poder controlar sus bosques. Con estos métodos los monitores indígenas han podido identificar invasiones de tala y el cultivo y procesamiento de coca que se encontraban escondidos en los bosques de su territorio ancestral.

Tras dos años de acción, estas dos comunidades indígenas han sido oficialmente acreditadas por el Estado como Monitores de Vigilancia y Control Forestal debido a que gracias a su trabajo se ha eliminado la deforestación en sus tierras. Logro importante si se tiene en cuenta que durante el mismo tiempo la deforestación ha aumentado en la región de Ucayali.

El Área Regional de Flora y Fauna Silvestre (ARFFS) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) les ha otorgado reconocimiento como un Comité de Vigilancia y Control Forestal Comunitario, conformado por 23 integrantes capacitados en mapeo y en las leyes de protección forestal. Sus títulos les otorgan el derecho de coordinar directamente con las autoridades competentes en cuanto encuentren incursiones ilegales en su territorio y también el derecho de requisar y decomisar cualquier producto ilícito que encuentren en función de sus labores.

Los monitores forestales comunitarios han estado protegiendo activamente la zona de amortiguación de Sierra del Divisor utilizando recientemente el sistema de detección vía satélite del Ministerio del Ambiente para detectar la nueva deforestación. Los monitores de la comunidad que trabajan con el Servicio de Parques Nacionales Peruanos (Sernanp), utilizan sistemas de cartografía de teléfonos inteligentes y pequeños aviones no tripulados para localizar campos de coca ocultos y medir la desforestación ilegal desenfrenada llevada a cabo por agricultores que ocupan ilegalmente su territorio. Utilizando este sistema de monitoreo pudieron documentar docenas de campos de coca.

Con su nueva acreditación los defensores del bosque podrán continuar con su labor de proteger los bosques que no solo son su patrimonio, sino también para todo el Perú y el planeta.

La acreditación de las comunidades se produce poco después de que las comunidades fueron capaces de extender su título de la tierra para reflejar más exactamente su uso histórico de sus tierras ancestrales. Esta extensión fue una lucha de nueve años, ya que el Estado repetidamente ignoró o rechazó sus peticiones. Con la extensión recientemente concedida sus tierras acunan el Parque Nacional Sierra del Divisor de 1.4 millones de hectáreas, haciendo sus bosques una zona de amortiguación muy necesaria para proteger el parque de la deforestación.

Este gráfico muestra cómo la deforestación se desplomó una vez que las comunidades indígenas comenzaron a monitorear estratégicamente sus bosques, reportando incursiones (16 de marzo), comprometiéndose en la planificación de tierras (16 de julio y trasladando a aquellos que habían ilegalmente desmontado y cultivado sus tierras.  

Fuera, cocaleros

Es importante destacar que los miembros de estas comunidades son los primeros integrantes de la sociedad civil ­ personas sin cargos gubernamentales- que cuentan con el apoyo de la organización If Not Us then Who?,­ la productora internacionalmente reconocida y premiada por sus documentales sobre la protección de nuestro planeta. Precisamente ha producido el cortometraje Fuera cocaleros, que demuestra el trabajo de estos monitores para salvar su bosque de cultivos de coca ilícitos, el tráfico de tierras y la tala ilegal.

Cabe recordar que el Perú ha declarado su compromiso con la deforestación neta nula en la Amazonía peruana. Reconocer los derechos a la tierra de las comunidades y otorgarles la autoridad para proteger sus bosques pone al país un paso más cerca de alcanzar estos objetivos.

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Fuente: La Mula.pe

 

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