Ucayali: Familiares de líderes nativos asesinados en Saweto exigen agilizar investigación

Diana Ríos, hija de Jorge Ríos Pérez, denuncia que tres años después del crimen no se halla a los responsables

Diana Ríos, hija de Jorge Ríos Pérez, uno de los cuatro líderes indígenas asesinados en Saweto (Ucayali) el 1 de setiembre del 2014 exhortó que se agilice las investigaciones del crimen. (Foto: Francesca García / El Comercio).

Diana Ríos, hija de Jorge Ríos Pérez, uno de los cuatro líderes indígenas asesinados en Saweto (Ucayali) el 1 de setiembre del 2014 exhortó que se agilice las investigaciones del crimen. (Foto: Francesca García / El Comercio).

09:25|22 de setiembre de 2017.- Diana Ríos, hija de Jorge Ríos Pérez, uno de los cuatro líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto (Ucayali) asesinados el 1 de setiembre del 2014, expresó su preocupación por la demora en las diligencias fiscales que aún no establecen la culpabilidad por el crimen.

“Han pasado tres años desde la muerte de mi padre y no hay ningún responsable en la cárcel; lo que sí se mantiene es la amenaza contra nosotros”, dijo Diana Ríos a El Comercio en referencia a que los responsables del crimen están en libertad.

Tras el asesinato de los líderes asháninkas Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quinticima y Francisco Pinedo, las sospechas recayeron sobre traficantes ilegales de madera, que previamente habían amenazado de muerte a los indígenas, quienes demandaban la titulación de sus tierras para la protección de los bosques.

A nombre de los deudos, Diana Ríos se entrevistó con el viceministro de Interculturalidad, Alfredo Luna, y con miembros de la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso. Los funcionarios se comprometieron a intervenir para agilizar las diligencias.

En una carta dirigida a la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz; Ergilia López Rengifo, jefa de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto (en representación de las familias de los cuatro dirigentes nativos asesinados) exhortó a que se honren los compromisos asumidos en la llamada Agenda PCM para Saweto, firmada durante la gestión de Ana Jara.

Se detalla además, que la fiscalía tiene plazo hasta el 30 de setiembre para recoger nuevas pruebas y concluir la fase de investigación preparatoria. Según explica la abogada de los familiares, Margoth Quispe, este plazo implica una preocupación particular para los familiares debido a que ya en abril del año 2016, el Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria declaró fundada (por falta de pruebas) la solicitud de cese de prisión preventiva contra Eurico Mapes Gómez, principal investigado por el asesinato múltiple.

“La Fiscalía contra el crimen organizado de Ucayali, dispuso la identificación de los autores de los asesinatos y tomar sus declaraciones para obtener nuevos elementos de los hechos, pero han existido una serie de problemas logísticos que lo han impedido”, sostuvo Margoth Quispe.

La comunidad nativa de Alto Tamaya-Saweto concitó interés nacional e internacional en setiembre del año 2014, luego del asesinato de su líder Edwin Chota, reconocido en el extranjero como activista ambiental y defensor de los derechos indígenas y tres de sus dirigentes.

Tras el asesinato en el año 2015, el Gobierno Regional de Ucayali les otorgó el título de propiedad sobre las 80 mil hectáreas de Saweto, zona fronteriza con Brasil que es amenazada por el tráfico ilegal de madera.

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Fuente: El Comercio

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