Proyecto de Ley 1718 presentado por PPK amenaza territorios de los pueblos indígenas

PRONUNCIAMIENTO

Ilustración referencial sobre expropiación en Zimbabue

Ilustración referencial sobre expropiación en Zimbabue

11:14|13 de setiembre de 2017.- Las organizaciones indígenas nacionales que integramos el Pacto de Unidad alzamos nuestra voz de protesta frente al Proyecto de Ley 1718 – Ley que regula la obtención de inmuebles requeridos para la ejecución de obras de infraestructura priorizadas, presentado por el Poder Ejecutivo y  que se encuentra para dictamen y aprobación de las Comisiones de Economía y de Descentralización del Congreso de la República.

Denunciamos que el Proyecto de Ley 1718, no es más que la versión maquillada del Decreto Legislativo 1333 (Ley del Despojo) el cual fue ampliamente rechazado por las organizaciones indígenas y fue derogado en mayo de este año por el pleno del Congreso, por ser anticonstitucional y constituir una grave amenaza al derecho de propiedad de los pueblos y comunidades indígenas.

En este nuevo proyecto de Ley se ignoran nuevamente las demandas de defensa y seguridad de nuestros territorios bajo el pretexto de reactivar la economía, beneficiando así a la inversión privada en perjuicio de los derechos de nuestros pueblos.

Se insiste en la Creación del APIP (Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados), un organismo dependiente de PROINVERSION y del Ministerio de Economía y Finanzas, que no solo concentrará competencias y atribuciones de diversas entidades nacionales en materia de saneamiento y titulación de la propiedad urbana y rural (MINAGRI, COFOPRI y Gobiernos Regionales) sino también ejercerá autoridad sobre ellos, con el fin de acelerar y entregar a los bienes inmuebles que se requieren para la ejecución de “obras de infraestructura priorizadas”. Esta situación afectará la seguridad jurídica territorial de comunidades campesinas y nativas, vulnerando el derecho a la Consulta Previa, que es respaldado por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas.

Aunque el proyecto de ley contempla la exclusión de aquellos territorios en posesión y/o propiedad de los pueblos indígenas, es insuficiente ya que actualmente existen más de 10 000 comunidades campesinas, nativas y ribereñas que presentan problemas relacionados a la seguridad jurídica de sus territorios. Además, son más de 3000 comunidades de costa, sierra y selva a las que el Estado continua negando su condición de pueblos indígenas y originarios al no incluirlas en la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, razón por la cual, la propiedad territorial de miles de comunidades se vería seriamente amenazada con la eventual aprobación de este proyecto de ley.

Consideramos que la inversión es necesaria en nuestro país, pero esta no debe hacerse en desmedro de los derechos de propiedad de los peruanos y peruanas. No podemos permitir que con en esta nueva versión del DL 1333, se vulnere el derecho de propiedad de los territorios de los pueblos indígenas para favorecer los intereses de los grandes inversionistas privados.

Desde el Pacto de Unidad:

  1. EXIGIMOS el archivamiento definitivo del PL 1718, dados los evidentes vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad que contiene esta propuesta normativa.
  2. SOLICITAMOS al Congreso de la República ordene la inmediata publicación de la ley que deroga el DL N° 1333, que fue derogado en mayo del presente año por mayoría absoluta.
  3. SOLICITAMOS a la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Cultura y demás entidades que deben velar por los derechos de los pueblos indígenas, se pronuncien sobre el P L 1718.
  4. EXHORTAMOS al Gobierno a entablar procesos de Consulta Previa con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y originarios, debido a que esta norma afecta nuestros derechos colectivos.
  5. EXIGIMOS al Gobierno invertir en recursos necesarios para saldar la deuda histórica en materia de formalización y titulación de territorios de los pueblos indígenas, para garantizar una seguridad jurídica territorial y evitar procesos de conflictividad social.
  6. HACEMOS un llamado a las comunidades campesinas, nativas y rondas a involucrarse en la lucha de protección de nuestros territorios y mantenernos alertas frente a esta nueva amenaza que facilita el despojo de los territorios de nuestros pueblos indígenas originarios.

¡No al PL 1718! ¡Basta de leyes que vulneren nuestros derechos territoriales! ¡Por una inversión que beneficie al desarrollo del país sin perjudicar a las comunidades indígenas!

 

Lima, 11 de setiembre de 2017

 

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