Advierten que violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y asesinatos de defensores ambientales se incrementan a nivel mundial

Foto: Inforegión

Población indígena de la selva central del Perú. Foto: Inforegión

11:20|11 de agosto de 2017.- Las luchas por la tierra y el territorio, el agua, los recursos naturales, contra las actividades extractivas y la discriminación en las ciudades, entre otros hechos, siguen marcando el día a día de los pueblos indígenas u originarios en el mundo.

El miércoles 9 de agosto, representantes indígenas, de la sociedad civil y del Congreso de la República abordaron esta realidad con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fecha que fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1994.

El evento fue organizado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.

Como expositores estuvieron los representantes del pueblo indígena Shipibo-konibo, Jonas Franco Ahuanari y Luz Franco Ahuanari; Richard Smith, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC); Ismael Vega, director del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP); la congresista María Elena Foronda, y el parlamentario Marco Arana, actual presidente de la Comisión de Pueblos.

La ocasión sirvió para presentar el informe de la organización internacional Global Witness Defensores de la Tierra (ver aquí) que documentó hasta 200 asesinatos de “personas defensoras de la tierra y el medio ambiente” en 24 países durante el 2016. Esto supone un 10 por ciento más que en 2015.

Se trata de un informe que, a partir del análisis de datos y la presentación de diversas historias de lucha, demuestra que el mundo es hoy más peligroso que antes para “activistas comunitarios, trabajadores de oenegés y líderes indígenas”.

Según el mismo documento, cerca del 40 por ciento de las víctimas mortales de 2016 fueron indígenas. El estudio señala además que casi cuatro personas fueron asesinadas cada semana el mismo año por proteger sus tierras y el entorno natural de industrias extractivas y la agroindustria. Se cita el caso de la hondureña Berta Cáceres, quien encabezó una campaña contra la presa hidroeléctrica Agua Zarca, hasta que fue asesinada en marzo del año pasado.

Los conflictos por el control de la tierra y los recursos naturales son un factor subyacente en casi todos los asesinatos en 2016 y, nuevamente, la minería y el petróleo están más vinculados a estos crímenes que cualquier otra industria, recalca el estudio.

Una mirada a los pueblos indígenas del Perú

Según expuso Ismael Vega, del CAAAP, en el país “a pesar de los cambios y avances producidos en la relación entre Estado y pueblos indígenas, la práctica y el imaginario del Estado sigue marcado por la idea de que los indígenas viven en un espacio de recursos inagotables que se deben extraer para lograr el desarrollo.”

En ese sentido, añadió que “se sigue pensando en los indígenas como salvajes que deben renunciar a lo que son para ser  “civilizados” por nosotros y nuestra idea de progreso y desarrollo”.

Jonas Franco, Ismael Vega, Marco Arana, Luz Franco, María Elena Foronda y Richard Smith. Foto: Facebook de Marco Arana

Jonas Franco, Ismael Vega, Marco Arana, Luz Franco, María Elena Foronda y Richard Smith. Foto: Facebook de Marco Arana

Vega advirtió también el incremento de la conflictividad social y la vulnerabilidad frente al cambio climático debido a la intensificación de la intervención de la Amazonía a través de políticas de Estado que promueven actividades extractivas, megaproyectos, monocultivos, entre otras, dejando en un segundo plano los derechos de los pueblos indígenas.

Una demanda que se enfatizó en el marco del evento fue que, a muy poco del Bicentenario de la República, el Estado cumpla con su obligación de garantizar la seguridad jurídica y la titulación de cerca de 63 millones de hectáreas de territorio de más de 2 mil comunidades de los pueblos de la Amazonía y más de 6 mil comunidades de la Sierra y la Costa.

Defensores y defensoras del ambiente

Durante la presentación del informe de Global Witness, Marco Arana manifestó que la violencia contra los defensores y defensoras del ambiente tienen como fondo los intereses de “las empresas mineras, madereras, hidroeléctricas y agrícolas”, que “pasan por encima de las personas y el ambiente en su incesante búsqueda de ganancias”.

Advirtió que en la minería sigue siendo una actividad peligrosa, lo que se ve en el informe con el registro de 33 personas defensoras asesinadas tras oponerse a actividades de ese tipo.

Si bien el mencionado informe señala solo dos víctimas mortales para el caso del Perú en el 2016, si se amplia el espectro al de defensores de derechos humanos, el número podría ser mayor.

En ese sentido cabe precisar que según información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), solo entre los gobiernos de Ollanta Humala y el actual de Pedro Pablo Kuczynski se han producido 87 muertes de defensores y defensoras de derechos humanos, la gran mayoría de estas muertes están asociadas a las actividades extractivas en territorios indígenas  y la protesta social.

Al final del evento Ismael Vega, quien también es coordinador del Comité Nacional del VIII Foro Social Panamazónico (FOSPA), le entregó al presidente de la Comisión de Pueblos la Carta de Tarapoto del VIII FOSPA.

La carta recoge las demandas y propuestas de más de 1,500 hombres y mujeres de los pueblos amazónicos y andinos que participaron en el evento que tuvo lugar el pasado mes de abril en la ciudad de Tarapoto, en la región San Martín.

 

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