Derrame de petróleo en Chiriaco: A once meses del desastre ecológico es urgente que el Estado asuma su responsabilidad

Foto: Barbara Fraser

Parte del petróleo derramado en Chiriaco, región Amazonas, en la selva norte de Perú. Foto: Barbara Fraser

Decenas de comunidades nativas se han visto gravemente afectadas este año por causa del Oleoducto Norperuano que opera la estatal Petroperú. En el siguiente artículo, el director del CAAAP repasa lo ocurrido en Chiriaco, una de las localidades que se ha visto perjudicada en sus derechos más elementales. Ecosistemas devastados, menores de edad contaminados y negligencia en los organismos del Estado son solo una parte de todo el rastro que ha dejado la actividad petrolera en el Perú este 2016.  

Por Ismael Vega*

El contexto y los hechos del derrame petrolero

El año 2016 se inició con un lamentable suceso que afectó gravemente la vida de numerosas comunidades indígenas de la Amazonía peruana. El 25 de enero, se produjo el derrame de más de 3 mil barriles de petróleo crudo en el tramo II del Oleoducto Norperuano, en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, departamento de Amazonas. El vertido recorrió aproximadamente un kilómetro llegando hasta la quebrada Inayo y luego al río Chiriaco.

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Ismael Vega – Director CAAAP

Como es habitual, la primera en detectar e informar sobre el derrame fue la propia población indígena. Ni Petroperú –empresa estatal a cargo del ducto– ni los organismos públicos de fiscalización cumplen con esa labor a tiempo. Tanto el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y la Fiscalía Ambiental (Ministerio Público) no han  podido lograr que la empresa estatal, principal responsable, atienda a los más de 300 menores que han tenido contacto directo con el petróleo y a los comuneros y comuneras que han estado expuestos al hidrocarburo.

Petroperú no solo no ha sido capaz de controlar el derrame, sino que fue incapaz de impedir que el petróleo se expanda. De acuerdo a información emitida por el OEFA, la empresa estatal logró sellar el punto de falla del derrame el 28 de enero, es decir dos días después de ocurrido el derrame que se extendió a lo largo de 3.5 km en la quebrada Inayo.

Sin embargo, la falta de capacidad del Estado hizo que el día 09 de febrero, a consecuencia de las constantes lluvias y el aumento del caudal de algunas quebradas, se rompan los badenes de contención del petróleo que se había recolectado, haciendo que el hidrocarburo llegue a los ríos Chiriaco y Marañón afectando localidades aledañas en un área aproximada de 3,5 kilómetros. La emergencia impactó a las comunidades Puerto Pakui, Chiriaco, Wachapea, Nazareth, San Rafael, San Ramón y Yupicusa, de las quebrada Inayo y de ambas márgenes de los ríos Chiriaco y Marañón.

Según el OEFA, del año 2011 a febrero del 2016 se produjeron 20 derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano. Si a estos se le suman los cerca de diez que ocurrieron después se tiene que en los últimos 6 años se han producido 30 derrames por causa del mismo ducto.

Derrames del 2011 a febrero de 2016, que han tenido como origen el oleoducto de Petroperú. Fuente: Dirección de Supervisión OEFA

Derrames del 2011 a febrero de 2016, que han tenido como origen el oleoducto de Petroperú. Fuente: Dirección de Supervisión OEFA

Las evaluaciones realizadas por el OEFA (Resolución Directoral N° 012-2016-OEFA/DS 15 de febrero de 2016) demuestran que el derrame de Chiriaco se produjo  por el deterioro de la tubería debido a la corrosión externa. El mismo organismo supervisor, da cuenta que  Petroperú no cumplió con el mantenimiento preventivo a las tuberías del oleoducto, labor a la que se comprometió en su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

Las organizaciones indígenas awajún y wampis (ORPIAN-P, CIAP, OCCAAM, etc.) han denunciado que serían más de 40  las comunidades afectadas por el derrame de petróleo. Estas comunidades se ubican cerca de la quebrada Inayo y en ambas márgenes de los ríos Chiriaco y Marañón. La mayoría de estas comunidades no tiene agua potable y su principal fuente de este recurso son los ríos que ahora están contaminados por petróleo. Frente a esta situación,  23 días después del derrame de petróleo en Imaza, el Ministerio de Salud decidió declarar en emergencia sanitaria la calidad del agua para consumo humano en el distrito durante 90 días. Sin embargo, el Estado no ha logrado brindar suficiente agua potable ni alimentos para las comunidades afectadas.

Las organizaciones indígenas advirtieron que varios pobladores que estuvieron en contacto con el crudo y que bebieron agua contaminada presentan dolores de garganta, fiebre y dolor de cuerpo. Por su parte, la Red Asistencial Amazonas de EsSalud precisó que el derrame de petróleo ha provocado casos de dermatitis alérgica, faringitis, bronquitis y gastro-enteritis.

La contaminación del agua del río  también ha envenenado a los peces, además el petróleo se ha extendido y filtrado por la tierra, matando las raíces de diferentes árboles y plantas. Estos son muchas veces los únicos recursos que tienen las comunidades para sobrevivir.

Los menores que recogieron petróleo

Diversos representantes de las organizaciones del pueblo Awajún y Wampis, señalaron que luego de los derrames, los trabajadores de Petroperú que llegaron a la zona para atender la emergencia,  ofrecían dinero a los pobladores por cada barril de petróleo que extrajeran del río. Edwin Montenegro, presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte de Perú (ORPIAN-P) afirma:

“Pagaban 200 soles por barril, algunos niños escuchaban también el anuncio y entusiasmados por el dinero recogían petróleo, a veces a espaldas de los padres, sin ninguna medida de protección” (conversación con diario Perú21).

Según informaron los padres, los menores vienen presentando síntomas fuertes de intoxicación, diarreas, nauseas, vómitos y erupciones de piel; y en el centro de salud de la zona no encuentran atención adecuada para estos tipos de males.

En un principio, Petroperú negó la participación de menores en los trabajos de limpieza. La misma posición sostuvo la empresa Larsen Marine Oil Recovery (LAMOR) contratada para ejecutar los trabajos de remediación tras los derrames. Sin embargo, ante las numerosas evidencias tuvieron que dar marcha atrás en sus negaciones.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) llegó a la comunidad nativa de Nazareth para investigar el caso. Luego de entrevistar a miembros de esta comunidad, informó que menores de edad y adultos sin preparación intervinieron en las laborees para recoger el petróleo del Oleoducto Norperuano derramado sobre ríos y tierras cercanos a zonas pobladas. Los inspectores llegaron hasta los lugares del derrame, conocidos como “Punto Cero” y “Punto Dos”, a la altura del kilómetro 440 del oleoducto – Villa de Chiriaco, donde laboran los trabajadores de Petroperú, y “verificaron que los operarios no han sido informados debidamente sobre los riesgos a los que son expuestos y de las medidas de prevención y protección hacia estos”. Los dirigentes de las organizaciones y las comunidades afectadas señalan que son aproximadamente cerca de 300 niños y niñas, entre 7 y 17 años de edad, los que participaron en las labores de recojo del crudo y temen por su salud

Las comunidades y las organizaciones  frente al derrame de petróleo

Las organizaciones indígenas Awajún y Wampis han denunciado públicamente los hechos, han exigido información oficial al Estado sobre las investigaciones en relación al derrame y vienen presionando a Petroperú  para que atienda a la población de las comunidades afectadas y repare los daños ambientales producidos por el derrame. Asimismo las organizaciones y las comunidades afectadas vienen coordinando y realizando gestiones con instituciones aliadas de la sociedad civil para implementar nuevas acciones para canalizar su indignación por la situación de vulnerabilidad, riesgo y desesperación en la que viven por la afectación a su medio de vida, recursos y territorio.

Hace algunas semanas, el 18 de noviembre, los jefes y los miembros de las comunidades de Nazareth y Wachapea y sus anexos han presentado ante el Juzgado Mixto de Bagua de la Corte Superior de Amazonas, una Demanda de Amparo contra el Ministerio de Salud, OEFA y el Gobierno Regional de Amazonas por afectar gravemente el derecho a la salud de las personas de estas comunidades Awajún en el primer derrame del año, del 25 de enero en Chiriaco. Las instituciones que venimos acompañando a las organizaciones y comunidades awajún y wampis nos solidarizamos con ellos ante las consecuencias de este desastre ecológico contra su territorio y su salud y contra los ecosistemas amazónicos.

Derechos vulnerados

Los derrames petroleros en Chiriaco, región Amazonas, y en otros lugares de la Amazonía como Cuninico, Morona, Nueva Alianza, Monterrico, en Loreto, han vulnerado  derechos de estas comunidades reconocidos en leyes nacionales e internacionales (Convenio 169 de la OIT), como el derecho a la vida, a la integridad cultural y espiritual, y su derecho al territorio ancestral, pues se han contaminado los recursos naturales que se encuentran dentro de sus jurisdicciones territoriales y que son fuente importante para su subsistencia física y espiritual. También se ha vulnerado el derecho a la libre determinación  indígena reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUPI), porque los derrames afectan gravemente sus prioridades de desarrollo expresadas en sus propuestas de vida plena en y su relación ancestral con la naturaleza.

Han pasado ya once meses desde que se produjo el derrame de petróleo en Chiriaco y es urgente que Petroperú asuma su responsabilidad ambiental y social por los daños ocasionados por la falta de mantenimiento del Oleoducto Norperuano a lo largo de todo el territorio habitado por los pueblos indígenas. El Estado debe reconocer y asumir su responsabilidad de garantizar la integridad de dichos pueblos y adoptar urgentemente las medidas necesarias para atender la salud de la población afectada y reparar los graves daños ambientales ocasionados.

Recientemente, un nuevo panorama parece abrirse en el horizonte. El Estado acaba de ratificar la firma de sendos acuerdos con organizaciones indígenas de Loreto para atender sus demandas por más de 45 años de actividad petrolera. Los acuerdos figuran en dos documentos. El primero es consecuencia de una lucha que se inició hace varios años con federaciones de las llamadas Cuatro Cuencas –Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón– a las que recientemente se unieron las comunidades del río Chambira y el Urituyacu.

El segundo documento de acuerdos es resultado de una protesta de más de 100 días que tuvo como centro la comunidad de Saramurillo en el distrito de Urarinas. En este caso participaron representantes de por lo menos 40 comunidades nativas de cinco de las seis cuencas antes citadas –el Urituyacu no se contó en este proceso–.

En suma, ambos documentos versan sobre temas como la ejecución de un fondo para la remediación ambiental, la creación de una comisión que investigue responsabilidad por los históricos derrames, la renovación del Oleoducto Norperuano, el pago de servidumbres por el uso del territorio ancestral, mejorar la atención en educación, en salud, entre otros puntos. No es la primera vez que el Estado se compromete a cumplir con acciones de este tipo. En ese sentido el mayor obstáculo siempre ha sido la falta de capacidad para hacer el debido seguimiento. Esta vez esperamos que los acuerdos se traduzcan, porque la situación de emergencia así lo amerita, en acciones concretas inmediatas a favor de los casi siempre olvidados pueblos indígenas.

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Director del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)

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