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 Foto: CNR
CNR -- Como "eminentemente político" calificó Julio Díaz Palacios, presidente de Red Perú, el decreto de urgencia mediante el cual todo gobierno regional que reciba canon destinará el 10% de ese presupuesto a las comunidades campesinas y nativas. A través de CNR, Díaz Palacios señaló que desde hace dos años está vigente otro dispositivo que ha sido modificado y que disponía que se use el 5% del canon y sobrecanon de los gobiernos regionales y locales para lo mismo que establece este decreto.
De igual manera, no se señala cual es la brecha; es decir, las necesidades en campos como centros educativos, postas médicas, infraestructura vinculada a la alimentación popular y otros.
"No se ha fijado metas ni se ha dicho por cuántos años va a estar vigente este gasto; ni ha sido consultada con los gobierno regionales ni locales. En pleno proceso de descentralización, cuando las políticas públicas dicen que el gasto debe ser coordinado", enfatizó.
Para Díaz Palacios, este instrumento se ha hecho a iniciativa de la ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, pre candidata del APRA para las elecciones nacionales. "Hay muchos indicios de que se trata de una norma que se orienta a la capitalización electoral por parte del gobierno; que es centralista y no deja de ser autoritaria, pues no considera la autonomía de los gobiernos regionales y locales. Y todo indica que es poco probable que se pueda cumplir", expresó.
En todo caso, consideró que si se quiere hacer efectiva esta norma, es menester establecer un plan de inversiones que responda a verdaderas necesidades de cada jurisdicción de las comunidades campesinas y nativas.
Además, urgió aclarar a cuanto asciende ese 10% en el ejercicio presupuestal pues es posible que este año el canon minero y sobrecanon borde los tres mil 500 a cuatro mil millones de soles, con lo cual estos recursos sumarían 400 millones de soles.
"Con esa cantidad, se puede atender algo de las necesidades acumuladas en materia de infraestructura educativa y de salud; pero la brecha es tan grande que va a significar una inversión de varios años", aseveró. Por último, indicó que es necesario también establecer una política pública que flexibilice la formulación de expedientes técnicos a efectos abaratar costos y no demore lo que implica la propuesta técnica para la construcción de nueva infraestructura. |
